Un millón y medio de euros en multas por no dar de alta a los trabajadores

La actuación de la Inspección de Trabajo en la Comunidad Valenciana ha permitido aflorar 7.625 empleos sumergidos entre enero y octubre de este año. A dos meses del cierre del ejercicio, este dato supone el 69% del total de la economía irregular detectada en 2001, que se situó en 11.020 empleos sumergidos.

El número de actas giradas a empresas por no inscribir a sus trabajadores en la Seguridad Social asciende a 4.365 durante los diez primeros meses. El importe global de las sanciones asciende a casi un millón y medio de euros, según datos aportados por el Ministerio de Trabajo. La cifra facilitada por el Gobierno relativa a los empleos sumergidos detectados en la Comunidad desde enero y hasta octubre de este año representa casi un 30% menos que el dato registrado en todo 2001. Una cifra positiva si se atiene a que sólo en los siete primeros meses de 2001, el número de empleos aflorados superó a los detectados durante los tres trimestres de este año. Así, según fuentes del Gobierno, la Inspección afloró desde enero a julio del pasado año 8.154 empleos frente a los 7.625 detectados durante los diez meses de 2002.

Hasta octubre, el importe de las sanciones a empresas valencianas por mantener a trabajadores sin ser dados de alta en la Seguridad Social ascendió a 1.480.082 euros. La economía sumergida es uno de los principales caballos de batalla de los sindicatos, que advierten de que el fraude laboral acarrea contrataciones por debajo de las garantías y derechos legales de los trabajadores, en perjuicio del propio sistema de la Seguridad Social. Según los datos del Ministerio de Trabajo; Valencia acaparó durante los diez primeros meses el mayor número de trabajadores irregulares con, 3.515; seguida de Alicante, con 2.217, y Castellón, con 528.

Los sindicatos rechazaron cualquier interpretación optimista de las últimas cifras ofrecidas por el Gobierno al considerar que "los datos oficiales están muy alejados de los reales". Pascual Pascual, de CC OO, criticó a la Administración por "consentir" que sectores como la confección, el calzado y el juguete, acaparen una "gran bolsa" de empleos sumergidos.