"He recibido presiones de todos los poderes"

Compló político, abuso judicial, consecuencia de la guerra entre Menem y Duhalde... Son parte de la lluvia de acusaciones sobre el juez federal, Roberto Marquevich, que el martes pasado ordenó la detención de uno de los símbolos del poder en Argentina: Ernestina Herrera de Noble, de 77 años, presidenta del Grupo Clarín, uno de los mayores imperios mediáticos de América Latina, que edita el diario Clarín, del cual es directora. El juez permitió ayer que la detenida cumpla el arresto en su domicilio. La acusación contra la poderosa señora no es de poca monta: suplantación de la identidad de los dos bebés que adoptó durante la última dictadura militar, Felipe y Marcela, que presuntamente eran hijos de detenidos-desaparecidos. La justicia argentina investiga un plan sistemático de robo de hijos de opositores, delito que no prescribe, llevado a cabo por los militares dentro de la guerra sucia que libraron entre 1976 y 1983.

Se investiga si Ernestina Herrera falseó la identidad de dos bebés que adoptó

En su despacho del juzgado federal de San Isidro, bien protegido por un corpulento mastín napolitano, el magistrado asegura recibir estos días "presiones de todos los poderes, no del Ejecutivo solo, del Legislativo también; me han llamado senadores, diputados, llamó todo el Gobierno". ¿El presidente también? "No le puedo decir del presidente". Asegura que midió las consecuencias de su decisión y que no le intimida la reacción en contra que ha generado. "Ellos también sabían qué juez tenían enfrente. Ellos no son superiores a mí". Y añade, desafiante: "No nos metamos en la parte intencional, porque yo también puedo pensar que el Grupo Clarín está interesado en sacarle manchas a la señora y a ellos mismos y están haciendo una campaña en contra mía. Entonces lo más lógico es decir: 'Marquevich es miembro de la campaña de Menem'. La única verdad es que soy el juez de la causa que tiene 17 tomos y que está a disposición de quien quiera verla".

Se muestra impasible ante la avalancha de protestas que consideran que se ha extralimitado en sus atribuciones al haber ordenado directamente la detención de la señora Herrera de Noble, sin citarla previamente para declarar. "Cité a la señora como procesada, no como imputada. No tenía por qué llamarla antes porque no había terminado de estudiar la causa. El juez es quien dirige el proceso. Lo único que me falta es que el diario Clarín me diga cuándo la tengo que llamar a la directora". Marquevich asegura que dio el paso de detener a un peso pesado del poder económico y mediático como la señora Herrera de Noble, porque piensa que es sospechosa de haber cometido un delito grave que "puede tener un pena de hasta nueve años de cárcel". "La llamé para que quede detenida hasta el fin del proceso, no un rato".

La investigación sobre la identidad de los hijos adoptivos de la presidenta del Grupo Clarín, de más de 20 años de antigüedad, se reabrió a principios del 2001 a raíz de una querella presentada por la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. "Al presentarse como querellantes, las Abuelas de Plaza de Mayo aportaron mayores pruebas y acercaron al juzgado a dos familias que reclaman a los hijos adoptivos. De todo esto se le participó a la fiscal que entendió que había delito de supresión de estado civil, de ocultación de menores y de otros delitos muy graves. Estudié la causa, cité a numerosas personas e incluso a los funcionarios. Por ejemplo, se pidieron causas de dos años antes y dos después de la causa de la señora De Noble de ese mismo juzgado para establecer en qué tiempo se habían entregado chicos en idénticas condiciones en adopción, y el resultado dio entre cuatro y ocho meses de trámite. La de la señora De Noble fue en el día. Por otra parte, la señora Herrera de Noble manifiesta en ese mismo expediente que su jardinero había encontrado un bebé en una canasta frente a su casa. Después de investigar supimos que se trataba de su chófer, que nunca había visto ninguna canasta. Con respecto al otro hijo, el documento de identidad es de una persona inexistente. Sí pertenece a un hombre y no a una mujer. Son algunos ejemplos de las numerosas irregularidades. El tribunal interpretó que se había fraguado el expediente de adopción".

El juez, célebre por haber encarcelado a Videla, asegura que llamó en reiteradas oportunidades a los hijos adoptivos para consultarles si voluntariamente querían extraerse sangre para la prueba de ADN. "Siempre se negaron. Decían que psicológicamente estaban afectados, les mandamos un psicólogo, que dijo que necesitaban un tiempo. Pasó el tiempo, les llamé otras cuatro veces y finalmente ordené las pruebas con carácter compulsivo".