El Congreso aprueba la Ley de Seguridad de los Concejales sin ningún voto en contra

El Congreso de los Diputados dio ayer el espaldarazo a la ley que refuerza la seguridad de los concejales frente a las amenazas de ETA y su entorno. Lo hizo por 278 votos favorables y cuatro abstenciones, procedentes del PNV, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Eusko Alkartasuna (EA).

Los promotores de la ley emanada del pacto antiterrorista, el PP y el PSOE, han logrado el objetivo de que la inmensa mayoría de los grupos -CiU, Izquierda Unida, Coalición Canaria y la mayoría del Grupo Mixto- la apoyaran, que no hubiera ningún voto en contra y que pudiera entrar en vigor antes de las elecciones municipales de mayo.

La nueva norma legal -que reforma las leyes de bases de Régimen Local, la Electoral, la de Enjuiciamiento Criminal, la de Fuerzas de Seguridad del Estado, la de Financiación de Partidos y el Código Penal- refuerza de forma concreta la seguridad de los concejales con un aumento de los recursos para su protección, la ampliación de las garantías de seguridad en el trabajo, la protección de sus datos personales y la flexibilidad de las listas.

Sin embargo, la segunda parte de la ley -referida a las sanciones-, es la que ha provocado las reservas de algunos grupos y la que ha llevado definitivamente a la abstención al PNV, ERC y EA. Concretamente, la competencia que la ley atribuye al Consejo de Ministros para disolver municipios en supuestos tales como la promoción o exaltación de actos terroristas. También ha sido objeto de amplia polémica la posibilidad de que se retire la financiación pública a aquellos partidos político que incurran en actividades delictivas relacionadas con el terrorismo.

No obstante, pese a estas reservas, Luis Carlos Rejón, de IU, y Manel Silva, de CiU, aclararon ayer que votarían la ley para que "los concejales del País Vasco que sufren persecución no tengan la sensación de que no se les apoya". Álvaro Cuesta, del PSOE, dijo que la ley es "un homenaje de todos los demócratas al coraje cívico de los concejales vascos". Y Juan Carlos Vera, del PP, defendió su necesidad, "ante la excepcionalidad de la situación política del País Vasco".