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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Cortina de fuel

El Partido Popular tiene una larga lista donde escoger si piensa pedir dimisiones por la pesadilla del Prestige: el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, que se fue de caza cuando le tocaba ponerse al frente de la crisis; el ministro de Fomento, Álvarez-Cascos, que se ha dedicado a la práctica del esquí y de la caza luego de tomar la catastrófica decisión de desviar el buque mar adentro; el de Medio Ambiente, Jaume Matas, ocupado en su campaña electoral en Mallorca y en su asueto en Doñana, y un largo etcétera, en el que están los responsables de que la protección civil no actuara, de que el Ejército no se desplegara y, finalmente, de que el Ejecutivo no gobernara ni asumiera la coordinación de la limpieza y de la protección. Mientras la costa gallega nos envía imágenes más propias de una plaga bíblica, al partido que gobierna (¿?) este país sólo se le ocurre montar una charanga en el Parlamento al grito de "dimita, señor Caldera".

El portavoz socialista cometió una chapuza al esgrimir unos documentos amputados sobre el rumbo que tomó el barco hasta su hundimiento. Pudo incluso manipular esos papeles para acorralar al Gobierno. Pero, en el peor de los casos, esta acusación no pasa de ser una anécdota censurable en una larga secuencia de ocultaciones, tergiversaciones y mentiras de fondo que ha acumulado el Gobierno, dentro y fuera del Parlamento, para eludir sus responsabilidades en torno a "la mayor catástrofe ecológica de la historia de España". Una cosa es que no se pueda acusar al Gobierno de la vía de crudo abierta el 13 de noviembre en el Prestige, pero otra distinta es que no deba responder ante los ciudadanos de los montones de desastres que se han acumulado desde entonces hasta hoy mismo.

En su intento de desviar la atención, el PP pretende convertir al diputado Caldera en el responsable de la marea negra que cada día se espesa en la costa gallega. Para conseguirlo, no ha dudado en invertir el carácter del Parlamento, hasta convertir la sesión de control al Gobierno en sesión de control a la oposición. Su grupo parlamentario ha organizado una bronca propia de hooligans en día de derrota y se ha ausentado del hemiciclo cada vez que tomaba la palabra el diputado socialista. La dignidad y la función del Congreso como órgano de control han quedado gravemente dañadas por un Gobierno que definitivamente se resiste a rendir cuentas de sus actos a los representantes de la soberanía popular.

Ha pasado más de un mes desde el accidente del Prestige. Los marineros de dos localidades están en huelga de hambre en protesta por la falta de medios para combatir la marea negra. El chapapote que llega a la Costa da Morte es más espeso y amenazante que nunca. Y al Ejecutivo sólo se le ocurre pedir la dimisión de Caldera. ¿Tanto es lo que tiene que ocultar? En una única cosa tiene razón el PP, y es en que alguien debe dimitir por el desastre de Galicia. Para esclarecer las responsabilidades políticas por todo lo ocurrido es imprescindible que el Pleno del Congreso dedique una sesión monográfica a analizar esta crisis y que salga de ella una comisión de investigación que elucide todas las responsabilidades.

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