Dirigentes del PP gallego admiten una "fractura social" por la crisis del fuel

"Se está creando una fractura social muy peligrosa", admiten desde hace días dirigentes del Partido Popular gallego que han palpado el clima de hostilidad contra su partido en las localidades de la costa. Muchos ya lo susurraban en privado y ayer lo admitió en público el consejero de Pesca de la Xunta, Enrique López Veiga, con la misma franqueza que ha empleado desde el inicio de la crisis provocada por el naufragio del Prestige.

Algunos alcaldes temen que la situación se vuelva insostenible si el fuel avanza de nuevo

"Hay una gran rabia contra el PP. Excesiva e injustificada, pero la hay"

Enrique López Veiga confesó en Televisión de Galicia que las mareas negras han abierto una "herida" que tendrá "un coste político evidente" para el Partido Popular. "Los que estamos en primera línea somos los más dañados", argumentó. Los alcaldes populares de las Rías Baixas han logrado contener el estallido social volcándose en apoyo de los marineros. Pero algunos temen que la situación se vuelva insostenible si el fuel avanza de nuevo y no hay más medios para evitar que entre en las rías.

"Nosotros estábamos tan desinformados como todo el mundo", confesaba hace unos días un diputado autonómico del PP y concejal de un pueblo de las Rías Baixas. Los dirigentes locales del partido recibían de las autoridades el mensaje de que las grandes reservas marisqueras de Galicia no corrían peligro y se esforzaron en convencer a sus vecinos de que su alarma era injustificada. Hasta que el fuel alcanzó las bocas de las rías y nadie estaba preparado para afrontarlo. "Los dos primeros días hubo una enorme desorganización y se creó un ambiente terrible", recuerda Miguel Pérez, alcalde popular de O Grove.

Ese clima se ha prolongado hasta hoy, y ha obligado a los alcaldes a tomar distancias con la actuación de los gobiernos de su partido, al tiempo que volcaban todos los medios municipales en apoyo de los marineros para suplir las ausencias del Estado y la Xunta. Era casi una necesidad para protegerse físicamente de las iras de sus vecinos, porque han tenido que soportar zarandeos, silbidos e increpaciones. "La situación se ha calmado, pero es una calma tensa", dice Enrique Sotelo, alcalde de Cangas do Morrazo, quien como otros regidores, quiere resaltar que él no ha "sufrido problemas". "Yo tampoco los tengo, pero es verdad que la gente está airada contra nuestro partido", confiesa Tomás Barreiro, alcalde de Bueu.

Barreiro, como la mayoría, presenta atenuantes para justificar la actuación de la Xunta y del Gobierno -"ésta es una situación que desbordaría a cualquier partido que estuviese en el poder", aduce-, pero tampoco oculta cierta actitud crítica ni su deseo de marcar distancias. Y se pone decididamente al lado de los marineros por considerar que los medios de que disponen son insuficientes. "La obligación del Gobierno es hacer todo lo posible para salvar nuestras rías. Y si no tiene barcos aquí o no cuenta con tecnología para tapar las fisuras del petrolero hundido, que la busque en Estados Unidos, en Canadá o en donde sea. Lo que no podemos es continuar toda la vida con esta incertidumbre".

Sotelo, alcalde de Cangas, es más prudente. Critica las medidas de fuerza, como las huelgas de hambre, aunque admite que las demandas de los marineros tienen justificación: "Ellos hablan de utilizar gabarras y otros barcos, y la verdad es que eso se debería estudiar. Pero tampoco vamos a pretender que nos den un fórmula 1 para parar las manchas".

La mayoría de los alcaldes trata de medir las palabras en público, pero sus silencios son elocuentes. "Los ayuntamientos hemos logrado que en tierra mejore la situación", apunta Miguel Pérez, de O Grove. "Hemos reunido contenedores, grúas..., lo que hemos podido", añade. "En cuanto a los medios para luchar en el mar, no puedo decirlo, porque no es competencia nuestra". "Los ayuntamientos", apostilla, "somos la última de las administraciones en el escalafón, pero aquí nos ha tocado ser los primeros. Estamos haciendo un esfuerzo que sobrepasa nuestras capacidades".

Aunque ese empeño casi personal de los alcaldes, que también han hecho todo lo posible para movilizar a las empresas de las zonas afectadas, les ha salvado la cara personalmente, nadie oculta la dificultad de la situación política. "Aquí estamos totalmente integrados con los marineros y actuamos de acuerdo con la oposición", afirma Javier Barreiro, alcalde de Moaña. "Pero a nivel regional y nacional... Hay una gran rabia contra el PP, excesiva e injustificada, pero la hay".

Ésta es la "herida" a la que se refería ayer López Veiga, con la advertencia de que le va a pasar factura al PP. El consejero de Pesca responsabilizó también a la oposición, a la que culpó de "crispar una situación que ya es crispante de por sí".