Polémica en la Universidad pública británica por el aumento de las tasas

El incremento radical de las tasas universitarias sin posibilidad de demorar su pago, que tiene previsto implantar el Gobierno de Tony Blair, ha puesto en pie a estudiantes, padres, diputados y líderes de opinión del Reino Unido. La movilización popular no ha hecho más que comenzar. Miles de estudiantes (23.000, según los convocantes 5.000, según la policía) se han manifestado por las calles de Londres hace unos días por esta medida.

El sistema vigente de financiación universitaria no funciona y debe reformarse. Éste es el único punto de consenso en el debate sobre el futuro de la educación superior que está extendiéndose por todas las esferas sociales. La reforma de la educación superior persigue dos objetivos en principio contradictorios: incentivar los estudios universitarios entre las clases menos favorecidas sin aumentar el gasto público. El Gobierno laborista lleva más de un año intentando cuadrar las cifras sin aparentes resultados. En la balanza se sitúan, por un lado, las 125 universidades, cuyos ingresos han decaído un 38% en los últimos 10 años, y demandan entre 12.000 y 15.000 millones de euros para sanear sus finanzas y mantener la calidad de los servicios.

El incremento en un 90% del número de matrículas en ese mismo periodo de tiempo no ha alterado, por otro lado, la composición social de los universitarios. Los graduados británicos siguen siendo eminentemente blancos y de familias acomodadas o con ingresos medios. Para alcanzar su objetivo de ver al 50% de los jóvenes en un aula universitaria para el 2010, frente al 35% actual (hay 1,9 millones de alumnos universitarios), sin saquear las arcas estatales, Blair debe encontrar una fórmula que asegure ingresos externos sin asustar a los padres con sueldos medios y bajos.

Hasta 1998, los universitarios no pagaban tasas y muchos tenían acceso a becas para cubrir los gastos de mantenimiento. Convencido de que los futuros licenciados deben contribuir al coste de su educación, el primer Gobierno laborista sustituyó las becas por préstamos estudiantiles e introdujo una tasa uniforme, de 1.100 libras por curso (unos 1.760 euros) actualmente, de la que quedan exentos en torno al 40% de los matriculados tras demostrar que sus padres tienen unos ingresos bajos. Este nivel de tasa sólo cubre una cuarta parte del gasto real del curso. Los extranjeros que no pertenecen a un país de la UE pagan casi cinco veces más que un alumno británico. En el Reino Unido, las licenciaturas tienen una duración general de tres años, salvo Medicina y Veterinaria (cinco).

Liberalizar las tasas se encuentra entre las propuestas que estudia el Gobierno y es la que más polémica ha desatado. El Sindicato Nacional de Estudiantes (NUS), diputados laboristas y líderes de opinión han hecho frente común contra esta opción que, según su criterio, crearía dos sistemas de enseñanza superior.

Por un lado estarían las universidades de elite, que podrían cobrar hasta 17.000 euros por alumno, según sugiere la londinense Imperial College y parece secundar la legendaria Oxford. Por otro, los antiguos politécnicos y universidades menos famosas que verían sus aulas vacías si intentaran imponer este rango de precios.

"El Estado debe financiar los estudios universitarios porque la sociedad necesita profesionales como médicos, ingenieros o profesores. La liberalización de las tasas implica la privatización de las universidades", protesta Sigrun Torbo, del NUS, que convocó una masiva manifestación en Londres el pasado 5 de diciembre.

Esa misma jornada de lucha, los estudiantes ganaron una tímida baza. Sin llegar a descartar la subida de tasas, Blair indicó en el Parlamento que el plan de reforma, cuya publicación está prevista para el próximo enero, "no significará que los padres paguen por adelantado miles de libras".

El primer ministro no explicó el alcance de su promesa, que parece implicar algún mecanismo para que los universitarios aporten su contribución financiera una vez concluidos los estudios. "Aceptaríamos un sistema que requiriera del licenciado donar una cantidad de su futuro sueldo, siempre que fuera limitada. Parece que el Gobierno se mueve en esta dirección, pero no podemos fiarnos ni relajar la guardia", admite Torbo.