Puntualización
En relación a la información aparecida en el diario EL PAÍS el miércoles 11 de diciembre de 2002, en la que se hace referencia en el titular a que "La UE involucra a políticos y funcionarios españoles en gastos sin justiticar por 3,6 millones", quiero puntualizar, en nombre de la secretaría general del Parlamento Europeo, que el mencionado informe de la OLAF (Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea) excluye de "cualquier responsabilidad a los diputados europeos en cuanto a los hechos objeto de la investigación" y no formula imputación alguna contra ellos.
Todos los eurodiputados mencionados en el artículo que tuvieron relaciones con el IRELA (Instituto de Relaciones Europeo Latinoamericanas), lo hicieron en razón a sus responsabilidades en el Parlamento Europeo, principalmente como miembros de las delegaciones parlamentarias para las relaciones con América Latina, limitándose su relación a una función de asesoramiento y orientación en cuanto a los trabajos académicos y políticos del mencionado instituto, quedando totalmente al margen de las cuestiones relacionadas con la gestión del mismo.
Por último, precisar que el informe de la OLAF concluye que "las medidas objeto de la investigación fueron propuestas por la Comisión a quien correspondía, en cualquier caso, la iniciativa, el poder y la obligación de control sobre su validez y legalidad".
