Justicia cero

El Pacto de Estado sobre la Justicia, rubricado hace año y medio por el Gobierno y el partido socialista, se está revelando más como un catálogo de buenas intenciones que como un programa de medidas concretas para modernizar y mejorar el entramado judicial. De momento, se ha centrado en reformas legislativas sin duda necesarias, como la de la justicia rápida en relación con el aumento de la delincuencia, pero en lo referente a la mejora de la infraestructura sigue prácticamente inédito. Sin nuevos juzgados de guardia en las grandes ciudades y sin un incremento de plazas judiciales en zonas urbanas de alta litigiosidad o acusada delincuencia, la modernización y agilización de la justicia, incluidos los juicios rápidos prometidos por el Gobierno, seguirá siendo un brindis al sol y una permanente frustración para los ciudadanos.

En los presupuestos para 2003, el Gobieno ha previsto la creación de 30 nuevas plazas judiciales. Por primera vez se rebaja drásticamente la media de 126 plazas/año creadas desde 1989. Pero lo más grave es que ese número queda lejos de las 140 nuevas plazas anuales consideradas necesarias para atender el incremento de la demanda judicial en el próximo decenio. No hay que olvidar que 12 millones de españoles acuden anualmente a la justicia y que dos de los seis millones de asuntos que llegan a los juzgados cada año quedan sin resolver. En ese escenario, cobra sentido la llamada de atención que han hecho, aunque de momento sin éxito, los ocho vocales de la minoría del Consejo del Poder Judicial para que esta institución inste al Gobierno a aumentar las plazas de juez de acuerdo con las previsiones de incremento de la demanda judicial en el próximo decenio.

La reforma de la justicia no es sólo cuestión de dinero, pero no es creíble sin un compromiso presupuestario razonable. Y no lo es la reducida oferta de plazas judiciales que se hace en los Presupuestos de 2003, si se tiene en cuenta la inversión de 1.500 millones de euros, estimada por el entonces ministro de Justicia para la puesta en práctica del pacto durante los próximos ocho años. No deja de ser una paradoja que la desertización judicial -falta de candidatos a juez-, denunciada hace algún tiempo, se traduzca ahora en falta de plazas donde puedan ejercer los nuevos jueces, como sucede con los 75 actualmente pendientes de ocupar destino, y puede sucederles a otros 300 en los próximos dos años. Algo tendría que decir el PSOE sobre una aplicación del déficit cero a la justicia, que vacía de contenido y desnaturaliza el rimbombante pacto firmado con el Gobierno hace año y medio.