Un Centro Mujer 24 Horas no atendió a ocho prostitutas rumanas

El Centro Mujer 24 horas de Castellón, dependiente de la Dirección General de la Mujer, adscrita a la Consejería de Bienestar Social, negó el auxilio a ocho prostitutas rumanas hace tres semanas, según denunció ayer en Radio Castellón-Cadena SER María José Calero, coordinadora de programas de Casda, asociación de lucha contra el sida en la provincia. La consejería rechaza la acusación.

Las mujeres, que ejercían la prostitución en el Caminàs de Castellón, sufrieron agresiones y robos, según denunciaron a la Policía Nacional, por una mafia, también de rumanos, que las extorsionaba. Una de ellas incluso tuvo que ser ingresada en el hospital General como consecuencia de una paliza. Las prostitutas llamaron desde la comisaría a la asociación, con la que mantienen contacto porque realizan un programa de prevención de contagio del VIH, y María José Calero pidió el apoyo del Centro Mujer 24 Horas para su internamiento porque la mafia "las había amenazado de muerte si denunciaban la extorsión y las mujeres aseguraban que estaban esperándoles en su casa". Según Calero, la respuesta de la responsable del centro, María Isabel de Bustos, fue que las prostitutas rumanas "no daban el perfil para ser acogidas en ninguno de los centros dependientes de la Dirección General de la Mujer", que "sólo atienden las peticiones en caso de algún maltrato doméstico".

Fuentes próximas a la Consejería de Bienestar Social confirmaron en la mañana de ayer este extremo al asegurar que "existió la llamada" pero que los centros 24 horas acogen "a mujeres desatendidas o maltratadas en el ámbito doméstico". Sin embargo, horas más tarde, la directora general de la Mujer, Clara Abellán, negó que el centro hubiese rechazado el auxilio a las mujeres agredidas. Abellán corroboró que la responsable de Casda "llamó al centro" pero dijo que "nunca pidió que fueran acogidas" sino que "dejó constancia de que estas prostitutas habían recibido amenazas por parte de una mafia y les indicamos todos los pasos a seguir, desde que llamasen a la Oficina de Ayuda a las Víctimas del Delito hasta que se pusieran en contacto con la subdelegación del Gobierno". María José Calero, por su parte, indicó que la única propuesta del centro fue "que la asociación internase a las víctimas en alguno de los pisos tutelados que posee para seropositivos cuando no tienen el VIH".