Los jueces de Cajasur

La pretensión de Miguel Castillejo de situar a la caja que preside desde hace 25 años fuera de la órbita de la Junta de Andalucía ha desencadenado un fuego cruzado de normas y decisiones administrativas opuestas, un laberinto legal que concluye siempre a las puertas de un juzgado. De hecho, el conflicto abierto entre el presidente de Cajasur -secundado por los otros cinco canónigos en el Consejo de la entidad, pero con la oposición de la cabeza de la Iglesia en su diócesis, el obispo de Córdoba-, y el Ejecutivo andaluz ha dejado un reguero de recursos que afecta a todos los ámbitos jurídicos: desde el Constitucional a Juzgados de Primera Instancia, desde la vía contencioso-administrativa a la querella.

La sentencia del Constitucional sobre la Ley de Cajas tendrá un 'efecto dominó'

Cajasur abrió fuego en el Constitucional. El Gobierno central se hizo eco de la petición de Castillejo y recurrió la Ley andaluza de Cajas, aprobada en diciembre de 1999, ante el Alto Tribunal, por estimar que vulneraba los acuerdos con la Santa Sede. La norma autonómica rebajaba la representación de la Iglesia en la caja del 35% al 9% -el porcentaje fijado para los fundadores en el resto de las entidades andaluzas-, y consideraba que el concordato con el Vaticano sólo permitía a la Iglesia decidir cómo elegir a sus representantes.

El Gobierno presentó su recurso en febrero de 2000 y el Tribunal suspendió la ejecución de los artículos de la norma andaluza. Esta sentencia tendrá un efecto dominó sobre el resto de litigios, pero los tiempos de decisión del Constitucional son muy prolongados, por lo que es probable que otros tribunales se pronuncien antes.

El Gobierno central quiso blindar a Cajasur en la Ley Financiera, aprobada el pasado mes por el Congreso de los Diputados. En la nueva norma estatal, el Ministerio de Economía se reserva la tutela de las cajas con "fundación directa" de la Iglesia, un requisito que sólo cumple Cajasur. La respuesta de la Junta no se ha hecho esperar: ha puesto nuevas condiciones a la caja para poder acogerse a la Ley Financiera, a través de una ley y de un decreto. Los servicios jurídicos de Cajasur, liderados por Diego Jordano (un ex diputado popular) ya han anticipado que considera "inconstitucionales" los intentos del Ejecutivo andaluz por mantener la supervisión de la caja cordobesa, lo que augura nuevos recursos.

El Constitucional también tendrá que atender sendos recursos del Gobierno andaluz y el Parlamento autonómico (que lo aprueba mañana) contra la Ley Financiera impulsada por el PP por "invasión de competencias".

La decisión del Consejo de Administración de Cajasur de acogerse a la Ley Financiera, adoptada el día 26 de noviembre, fue llevada días después a un Juzgado de Primera Instancia por la Diputación de Córdoba (controlada por el PSOE), que exige que se le consulte para esta decisión al ser cofundadora de la caja (condición que la dirección de Cajasur le niega). La Diputación pretende que el juez suspenda el acuerdo del Consejo de Administración. La Junta también anunció medidas jurídicas contra esta decisión del Consejo de Cajasur y contra la de pasado martes de adaptar ya sus estatutos a la Ley Financiera (ver gráfico), aunque aún no ha concretado cuáles.

La póliza millonaria que pagó Cajasur (2,9 millones) para garantizarle a Castillejo el cobro íntegro de su sueldo (210.000 euros) cuando abandone la caja, también tendrá su reflejo en los tribunales. Por ahora, la Junta ha abierto un expediente administrativo a Cajasur al estimar que se trata de una indemnización por cese, un pago prohibido por la normativa andaluza. La entidad cordobesa recurrirá a la vía contencioso-administrativa si el expediente acaba en una sanción contra la caja y Castillejo.

Además, la polémica suscitada por la póliza desató un torrente de reproches. El secretario cordobés del PSOE, José Antonio Ruiz Almenara, acusó a Castillejo de "comprar voluntades", declaraciones que llevaron a la caja a presentar una querella contra el dirigente socialista por "injurias graves".