Un aumento salarial desigual

Las universidades públicas valencianas aplicarán los complementos salariales previstos en la LOU a pesar de no contar de entrada con una aportación de recursos específicos por parte de la Administración destinados a un fin que, como han señalado distintos gestores universitarios, "no está contemplado en el Plan de Financiación" vigente. El decreto 174/2002 de la Generalitat, de 15 de octubre, que regula a escala autonómica la determinación de estas retribuciones adicionales, deja al arbitrio de cada universidad la posibilidad de aplicarlas en sus respectivos ámbitos, pero ninguna universidad va a dejar fuera de cobertura a los posibles beneficiarios de las mismas. La Universidad de Alicante fue la primera en dejar claro, a través de su rector y en el Consejo de Gobierno celebrado hace ya un mes y medio, que los profesores funcionarios que acrediten sus méritos por experiencia docente e investigadora, la productividad en la investigación, la promoción, movilidad y gestión, tendrán consignadas en el presupuesto de 2003 sus retribuciones complementarias. La Jaume I decidió a principios de noviembre mantener su propio sistema de complementos salvo para quien se vea más beneficiado por el autonómico. La Universidad Politécnica, que también tiene un sistema propio, adoptará una postura formal en el Consejo de Gobierno del próximo día 12 y la de Valencia ya ha previsto en sus líneas generales presupuestarias el pago de los pluses salariales docentes. La gerencia de la Miguel Hernández confirma que también los aplicará entre su profesorado.

El sistema de complementos autonómicos había sido largamente reivindicado por los sindicatos progresistas, pero su concreción en la Comunidad Valenciana ha quedado por debajo de las expectativas sindicales. Su puesta en marcha supone aumentos salariales dispares para una parte de los funcionarios docentes, que van de poco más de 1.000 euros anuales, en muchos casos, a 5.000 sólo en algunos. Un buen porcentaje del profesorado se quedará fuera de estos incrementos, dados los criterios establecidos para su aplicación. Fuentes de las universidades de Valencia y Alicante confirman que, según los cálculos iniciales, prácticamente la mitad de sus plantillas docentes quedará fuera de esta mejora salarial, al no cumplir ninguno de los requisitos (méritos) exigidos para su cobro en el decreto. En las universidades Politécnica y Jaume I la situación es diferente, ya que hace dos años empezaron a aplicar un sistema de incentivos docentes por méritos de docencia, investigación y gestión, al amparo de la extinta Ley de Reforma Universitaria, que beneficia a una gran mayoría del profesorado.

El decreto de la Generalitat ofrece una moratoria para aquellas universidades que, como la Jaume I y la Politécnica, cuenten ya con un sistema de incentivos con criterios propios, es decir, regula la posibilidad de que continuen con la aplicación del sistema propio hasta diciembre de 2003. Pero también dice que "si la cuantía resultante de la aplicación de los criterios establecidos en el presente decreto para las retribuciones adicionales resultase superior" a la "percibida por un profesor de dichas universidades como consecuencia de la aplicación del artículo 46.2 de la derogada LRU, éste tendrá derecho a renunciar a ésta última y acogerse a dichos criterios solicitándolo al Consejo de Gobierno de la universidad". A esta posibilidad es precisamente a la que se ha acogido ya el equipo de Gobierno de la Jaume I, dado que "nuestro sistema no se restringe a los funcionarios, sino que con carácter más universal, se pueden acoger, como el año anterior todos los profesores a tiempo completo", tal como refleja una reciente resolución del rector, Francisco Toledo. En esta misma resolución se constata que los funcionarios con una cierta antigüedad "son los que recibirán un complemento retributivo aplicando el sistema de la Generalitat Valenciana" y que, por tanto, también pueden salir "beneficiados" al renunciar al sistema propio de la universidad y acogerse al sistema autónómico. La página web de la universidad castellonense (www.uji.es) detalla todo el proceso y en el apartado "preguntas más frecuentes" aconseja al profesor funcionario que no esté seguro de qué sistema le será más favorable, que "solicite los incentivos por los dos sistemas".

En la misma tesitura se encuentra la Universidad Politécnica, que puso en marcha complementos retributivos propios al amparo de la LRU hace dos años. "El equipo de gobierno ha decidido mantener el mismo criterio para el año próximo", explica el vicerrector Javier Sanz, "porque con la aplicación del sistema autonómico sólo un 40 % del profesorado, aproximadamente, percibiría alguna cantidad adicional, y no el 96% como sucede con nuestro propio sistema". Queda por determinar, y eso se verá en el Consejo de Gobierno del próximo miércoles, cómo se puede aplicar el sistema autonómico a los profesores que se vean más beneficiados por éste. "El decreto dice", subraya Javier Sanz, "que se aplicará en la medida de las disponibilidades presupuestarias y que será decisión de la propia universidad".

Las universidades van haciendo sus cálculos. La Jaume I gastará cerca de medio millón de euros en la aplicación de su propio sistema de incentivos, que beneficia a unos 660 profesores. La de Valencia calcula que tendrá que pagar tres millones de euros a algo más de 1.500 funcionarios docentes (menos de la mitad de su plantilla) que podrán acreditar algunos de los méritos regulados en el complejo sistema de retribuciones adicionales autonómicas. A la de Alicante, la aplicación del mismo sistema le supondrá un millón y medio de euros, que se repartirán entre unos 500 profesores, es decir, la mitad de sus funcionarios docentes, según calcula el equipo de gobierno. "Pagaremos con fecha 1 de enero de 2003, pero", puntualiza el vicerrector de la Universidad de Alicante, Roque Moreno, "falta por ver en qué nómina se empezará a concretar". La gerencia de la Universitat de València calcula que la aplicación del sistema de complementos autonómicos supondrá para el profesorado beneficiado, globalmente, una subida salarial media del 5 %. Su titular, Joan Oltra, asegura que "muchas expectativas se verán defraudadas", ya que "en esta comunidad no se ha hecho un esfuerzo real para retribuir al profesional universitario". Los sindicatos CCOO, UGT, STEPV y CGT habían reclamado insistentemente que se regulara un sistema de retribuciones complementarias que, como mínimo, beneficiara a todo el profesorado, de manera que recuperara el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Con la aplicación del decreto de retribuciones autonómico, sólo una parte del profesorado funcionario recuperará algo de ese poder adquisitivo, según confirman la mayoría de los gestores universitarios.