Restos del vertedero

El dirigente ecologista Francisco Casero, buen conocedor del mapa andaluz, nunca había pisado las calles de Nerva (Huelva) hasta que los vecinos que se oponían a la construcción de un depósito de residuos en la localidad le pidieron apoyo. Casero se convirtió en una de las voces más críticas hacia el proyecto, pero durante la batalla también estrechó lazos personales con el pueblo hasta el extremo de encontrar una finca de 2.000 metros cuadrados, que incluía una edificación, por unos 18.000 euros.

El pasado 28 de noviembre, operarios municipales derribaron una parte de esa construcción convertida en vivienda en cumplimiento de una resolución judicial, que declaraba ilegal la reforma realizada por Casero en 1999. Un grupo de vecinos se encerró en el interior para tratar de impedir la demolición, aunque finalmente se llevó a cabo sin incidentes y sin la presencia del propietario, que achaca la actuación urbanística al deseo del alcalde de Nerva, José Villalba (PSOE), de "hacer daño a mi dignidad y honor". Como telón de fondo, en este escenario, estarían inquinas perpetuadas tras el conflicto del vertedero.

Sobre los hechos, sin embargo, no hay dudas. Casero reconoce que cometió una irregularidad al iniciar las obras de reforma en la casa después de haber solicitado la licencia, pero sin esperar a que el Ayuntamiento se lo hubiese concedido: "Eso es verdad. He pecado de buena fe, solicitamos la licencia y empezamos a obrar porque nos dijeron que podíamos hacerlo".

La solicitud de la licencia de obras está firmada por Casero el 14 de diciembre de 1999. Esto, según el afectado, deja claro que su intención no era cometer una infracción urbanística. También, agrega, deja entrever cierto interés "avieso" por parte de las autoridades municipales. "Empezamos a obrar con su conocimiento, ¿por qué no paralizaron los trabajos al principio y esperaron a que estuvieran terminados?", interpela.

Lo cierto es que se trataba de una obra menor, que finalizó en poco tiempo. Lo cierto también es que el procedimiento seguido fue el mismo que Casero había hecho para arreglar el muro exterior de la finca. Para reparar estas vallas pidió, el 12 de junio de 1998, una licencia en el Ayuntamiento, que le concedieron cuando ya había concluido la reparación. Pero no le expedientaron porque, insiste el ecologista, "es mentira que no se permita construir sin licencia en Nerva".

Ni el alcalde, José Villalba, ni ningún concejal han accedido a comentar la demolición. La postura del Ayuntamiento está recogida en un comunicado de prensa, donde aseguran que su actuación perseguía "única y exclusivamente" garantizar la legalidad urbanística. "En ningún caso existen motivaciones de otro tipo, menos aún de tipo personal", agregaban en el texto, mediante el que también advertían, que se reservaban el derecho de emprender acciones legales contra quienes acusaban a la institución de obrar contra el antiguo líder ecologista por "una supuesta venganza".

El Ayuntamiento, tras la reforma de la vivienda sin licencia de obras, inició un expediente sancionador contra su propietario que le obligaba a deshacer lo hecho y le imponía una multa de 3.000 euros. Casero recurrió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva, ante el que presentó seis testigos que declararon haber obrado del mismo modo, o sea que solicitaron la licencia y comenzaron a edificar antes de obtenerla. La sentencia confirmó la irregularidad urbanística, rebajó la sanción económica y reconoció en el texto que lo habitual en Nerva era actuar igual que lo había hecho Casero.

Éste recurrió el fallo ante el TSJA, que confirmó la sentencia, y finalmente al Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado. Por esta razón, Casero trató de paralizar la ejecución del fallo que obligaba a demoler parte de su casa. Lo hizo sin éxito porque cree que no es un mero acto administrativo sino un ejercicio de "represión por mis pensamientos y actitud" durante el conflicto del vertedero. También las menciones al pasado afloraron en la explicación municipal. En su comunicado, el Ayuntamiento culpó a Casero de no haber querido solucionar el asunto "en un claro afán por mantener el clima de crispación al que en su día contribuyó de forma determinante a originar".