Editorial:Editorial
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Un limbo inaceptable

Casi un año ha pasado y ninguno de los casi 600 "combatientes ilegales" presos de EE UU en el Campo Delta de la base de Guantánamo ha sido formalmente acusado de nada. Es una situación moralmente inaceptable y jurídicamente más que dudosa. Un tribunal federal de EE UU, con el precedente de unos alemanes capturados en China en 1950, ha rechazado que a estos presos les pueda ser aplicado el hábeas corpus, por lo que en esta tierra, que formalmente no pertenece a EE UU, aunque la ocupa desde 104 años atrás, los presos del Campo Delta podrían permanecer indefinidamente en detención, sin derechos, ni acusación. Están en un limbo legal, que más parece la antesala de un infierno eterno, pues tampoco desde EE UU se plantea una solución. Tanto que el alto comisario de la ONU para Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello, reclamó ayer que estos presos sean puestos en libertad o juzgados por un tribunal de su país de origen o de EE UU. De hecho, la política de la Administración de Bush sufrió ayer un revés cuando un juez federal decretó que José Padilla, de nacionalidad estadounidense, recluido en Carolina del Sur bajo sospecha de pertenecer a Al Qaeda y de intentar detonar una bomba radiactiva, tiene derecho a una defensa legal.

Washington ni siquiera quiere aplicar a los de Guantánamo el duro sistema de cortes marciales decretado para la "guerra contra el terrorismo" que ha seguido al 11-S. Lo más que llegó a aceptar Bush es que estos presos fueran tratados humanamente "de acuerdo con" la Convención de Ginebra, pero sin reconocer su obligación de acatarla. Los abogados de un grupo de prisioneros (12 kuwaitíes, dos australianos y dos británicos) han emprendido un proceso para que al menos se acuse a estos "beligerantes" de algo y tengan un trato justo, o se les ponga en libertad. Resulta incomprensible que sus Gobiernos no hayan intervenido en defensa de sus nacionales, incluido el ceutí Hamed Abderrahaman Ahmed, alias Hmido, de nacionalidad española, también preso en Guantánamo.

EE UU trasladó estos prisioneros desde Afganistán para observarlos, saber si entre ellos había algún pez gordo y sacar información sobre Al Qaeda. Era también la época en que Washington creía que iba a poner la mano sobre Osama Bin Laden y el mulá Omar, y pensó que en esa tierra podría interrogarlos con total libertad o impunidad, indiferente al derecho internacional. Pero uno y otro se les han escapado. Y el Campo, ahora controlado ya no por tropas de élite, sino por reservistas y la Guardia Nacional, está cayendo en el olvido. No es ésa la manera de convencer al resto del mundo de que EE UU lucha por la justicia, además de por la seguridad. Todo lo contrario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0004, 04 de diciembre de 2002.

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