La juez envía a la cárcel al dueño de las academias Brighton
El empresario cobró matrículas hasta el día antes de instar la quiebra
La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona, Elena Carasol, dictó ayer prisión incondicional para el dueño de las academias de idiomas Brighton, Alfredo Ibáñez, por un supuesto delito de estafa, según informaron fuentes judiciales. Ibáñez, que, según sus abogados, ingresó ayer mismo en la cárcel Modelo, admitió que siguió cobrando nuevas matrículas de alumnos hasta el día antes de instar a la quiebra de la empresa y aseguró que destinó este dinero únicamente a pagar deudas.
Ibáñez, de 41 años, clausuró a finales de octubre sus academias sin avisar a los más de 4.000 alumnos y después de instar a la quiebra de la empresa. El pasado viernes estaba citado en el juzgado, pero no compareció a declarar alegando motivos de salud. El mismo viernes por la tarde fue detenido tras una inspección policial de su domicilio, en Cambrils (Barcelona). Fuentes judiciales explicaron que la policía halló documentación contable de la empresa, una información que había sido solicitada por el juzgado hasta aquel momento infructuosamente.
Ayer mismo, Ibáñez ingresó en la cárcel Modelo de Barcelona, según explicaron sus abogados, que defendieron su inocencia. Anoche no disponían todavía de ninguna comunicación oficial del juzgado, pero aseguraron que su cliente ya pasó la noche en el centro penitenciario. El fiscal y la acusación particular coincidieron a reclamar la el ingreso en prisión.
Momentos antes de declarar ante la juez, Ibáñez proclamó su inocencia ante los periodistas: "En mi absoluto convencimiento y creyendo en Dios, no he estafado a nadie", dijo, y mandó "un saludo afectuoso" a todos los que han sido alumnos de Brighton.
En su declaración, el dueño de Brighton admitió que siguió cobrando matrículas hasta el último momento. Incluso hasta el día antes de instar a la quiebra, según fuentes judiciales. Uno de los alumnos que han impulsado la demanda, Miguel Ángel Pérez, explicó que pocos días antes de la quiebra Brighton exigía que los pagos fueran en efectivo.
El empresario achacó los problemas de sus academias a la quiebra de Opening. Ibáñez explicó, no obstante, que entre agosto y octubre Brighton registró 1.400 nuevas matriculaciones, lo que reportó a la empresa unos 700.000 euros (116 millones de pesetas). Ibáñez declaró que "la totalidad" de dichos ingresos "se destinó al pago de deudas de la propia compañía, como salarios y suministros", según explicaron sus abogados.
La ex responsable de recursos humanos de la empresa, María Flocchini -que también estuvo todo el fin de semana detenida-, quedó en libertad provisional. Su abogado, Joan Serralta, mostró su satisfacción: "Desde el primer momento estaba claro que Flocchini no tenía nada que ver con esta trama", dijo.
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