Rechazo a que se privatice la gestión de 130 ambulatorios

No han empezado con buen pie las relaciones entre el nuevo consejero de Sanidad, Xavier Pomés, y el sector de la atención primaria. Un mes después de acceder al cargo, Pomés se ha ganado la desconfianza de médicos de familia, sindicatos, usuarios, asociaciones de vecinos y partidos políticos, que han recibido como una jarra de agua fría el anuncio del consejero de ceder a entidades ajenas al ICS la gestión de un tercio de los 360 ambulatorios que hay en Cataluña. Los opositores a este plan sostienen que Sanidad está desmoronando los pilares sobre los que se asienta la sanidad pública.

En la actualidad, unas 70 áreas básicas de salud de Cataluña están gestionadas por entidades ajenas al Instituto Catalán de la Salud (ICS), ya sea a través de entidades privadas, de hospitales o fundaciones asistenciales, o de organizaciones de base asociativa, formadas por médicos que trabajan en el propio centro. La implantación de estos modelos de gestión, impulsada por el ex consejero Eduard Rius, ya había sido cuestionada en su momento por sindicatos, usuarios y profesionales. Ahora, el nuevo titular de Sanidad ha echado más leña al fuego al anunciar su voluntad de acelerar el proceso iniciado por Rius con el objetivo de que hasta un total de 130 ambulatorios (un tercio de los que existen en Cataluña) pasen a ser gestionados por entidades distintas del ICS.

Xavier Pomés no ha especificado el plazo en el que se llevará a cabo este proceso ni qué fórmulas de gestión se adoptarán en cada caso, aunque ha apostado por el modelo de gestión hospitalaria porque, en su opinión, contribuiría a "evitar que la atención primaria y la especializada se den la espalda".

Este modelo es precisamente el que más recelos genera entre los profesionales afectados más directamente por el proyecto: los médicos de familia y el personal de enfermería de los ambulatorios. Ramon Morera, presidente de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, que agrupa prácticamente a todos los facultativos de la atención primaria, consideró ayer que la cesión de la gestión de ambulatorios a centros hospitalarios supone una "gran amenaza" para el primer eslabón de la sanidad.

Morera advirtió del peligro de que los ambulatorios se conviertan en una actividad "subsidiaria" para los hospitales que los gestionan. "¿Quién puede garantizar que los hospitales no destinarán a cubrir sus grandes déficit los recursos que reciban de la Administración para gestionar sus ambulatorios?", preguntó Morera. "Los ambulatorios deben tener una gestión autónoma respecto al hospital, como las guarderías o los centros escolares de primaria no tienen que estar gestionados por las universidades", añadió Morera.

La Sociedad Catalana de Medicina Familiar, al igual que el sindicato de enfermería SATSE, denuncia también la amenaza que la incorporación de nuevos modelos de gestión supone para los trabajadores.

Experiencia negativa

"El personal contratado en áreas básicas de salud gestionadas por entidades ajenas al ICS tendrán condiciones laborales diferentes. Por la experiencia de otros ambulatorios ya privatizados sabemos que no se cubren las vacantes y que el personal de enfermería se ve reducido al mínimo, lo cual redunda en una disminución de la calidad asistencial", afirma SATSE.

Xavier Pomés ha asegurado en los últimos días que en los casos en que el ICS se desprenda de la gestión de ambulatorios para cederla a otra entidad, el proceso se hará "respetando los legítimos intereses de los trabajadores", y ha añadido que se estudiarán muy bien todas las propuestas de entidades para hacerse cargo de ambulatorios antes de ponerlas en marcha.

Las promesas del consejero, sin embargo, no han logrado tranquilizar los ánimos. El pasado jueves, varias entidades se concentraron en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para denunciar lo que se considera un "proceso de privatización encubierta de la sanidad pública catalana". Entre los convocantes de la protesta se encontraban la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (ciudad en la que se pretende dar la gestión de 10 ambulatorios a entidades privadas), los sindicatos CC OO, UGT y SATSE, y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.

Estas entidades se preguntan por qué se opta por la "privatización" de los ambulatorios cuando "no se ha demostrado" que ello aporte "un valor añadido" al modelo de gestión del ICS. Un argumento que comparte el responsable de los programas de formación de medicina de familia y comunitaria, Amando Martín Zurro. "Ya tenemos experiencias de gestión de la atención primaria por parte de hospitales y no hemos visto que hayan comportado mejoras", afirma.

El PSC e ICV también se han situado en contra del plan anunciado por Pomés. La diputada socialista Carme Figueras considera que lo que se debe hacer es "dotar al ICS de mayor capacidad de gestión", mientras que Dolors Comas, de ICV, señaló que el proyecto "hace peligrar el carácter unitario de la sanidad pública y contribuye a la desregulación del sistema". "Sanidad da prioridad a los criterios de mercado sobre los sanitarios", añadió.