Atención a los trenes privatizados
Hace unos días el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) comunicó a Loyola de Palacio que está a favor de la privatización de las líneas de trenes regionales, en consonancia con un documento al respecto aprobado en la reunión de la UITP (Unión Internacional de Transporte Público) celebrada en Barcelona del 21 al 23 de octubre.
Este documento sostiene que la liberalización de los servicios regionales es la garantía de no discriminación. ¿Del usuario? La garantía de no discriminación es que este servicio esencial dependa del poder político, elegido y receptor del interés social.
La entrega de servicios ferroviarios a la iniciativa privada es otra cosa y, desde luego, los accionistas de estas empresas buscan, legítimamente, beneficios; el interés social está, para ellos, en segundo lugar. De ahí que la liberalización del sector busque que se privaticen los tramos que den beneficios, pero dejando en manos del Gobierno los que tengan pérdidas. Ejemplo: los ferrocarriles británicos.
Si la dirección de Ferrocarrils de la Generalitat, empresa del Gobierno catalán, quiere intervenir en las líneas regionales, ¿por qué no lo dice así de claro? Basta con que se reclamen las competencias previstas en el Estatut, no hace falta invocar el sacrosanto nombre de la libertad de mercado.
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