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El FMI y Argentina, a cara de perro

Entre la desconfianza del Fondo y la crisis política interna del país, el pacto está aún muy lejos

Fernando Gualdoni

Desde que Argentina suspendió los pagos de sus deudas con los acreedores privados a finales de 2001, el Gobierno de Buenos Aires y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington están intentando llegar a un acuerdo que, para estas alturas, supone un símbolo más que una solución para la crisis del país. Después de que el FMI, a principios de este año, aplazara los pagos de unos vencimientos por 2.700 millones de dólares por un año, para evitar la quiebra total del país, ya no hubo un solo gesto concreto más por parte del Fondo para con Argentina. Declaraciones de buena voluntad, muchas; de confianza, otras tantas; pero medidas o ayudas concretas, ninguna.

Casi un año después de la suspensión de pagos, la situación, en términos de ayuda crediticia o en lo referente a un nuevo aplazamiento de los pagos, sigue sin haber novedad. Ni Argentina ni el FMI han logrado cerrar un acuerdo. Lo que sí ha variado desde entonces es la relación, que cada vez es más fría y lejana. De hecho, ya en la sede del Fondo, según fuentes de otro organismo multilateral que trabaja cerca del FMI en el caso argentino, nadie se ha desesperado por cerrar el acuerdo con Buenos Aires lo antes posible.

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El Ejecutivo argentino ha dicho una y otra vez que ha cumplido las exigencias que el Fondo ha puesto para cerrar el acuerdo, que ya en los últimos tiempos no consistía en ayuda financiera, es decir, dinero contante y sonante para Argentina, sino el aplazamiento de unos vencimientos de deuda por valor de 15.000 millones de dólares que vencen a finales de este año y el próximo. Además de la postergación, está previsto que a Argentina, que en lo que va de año ya ha desembolsado 4.000 millones, se le devuelva para sanear sus cuentas. Si no se le reintegra todo, al menos recibirá 1.000 millones para rescatar los bonos de deuda que emiten las provincias y que circulan como moneda paralela al peso.

Lo que sí está claro es que el FMI es reacio a dar dinero a Argentina debido a que la mala gestión y la corrupción política del país sigue siendo un serio problema. De hecho, el secretario del Tesoro de EE UU, Paul O'Neill, llegó a declarar que varios países suramericanos sólo merecerían nuevos préstamos cuando ofrecieran garantías de que el dinero no sería desviado a cuentas bancarias en Suiza. Desde el Fondo nunca hubo una indirecta tan directa contra la clase política suramericana, y en especial contra la argentina, pero el malestar contra la crisis interna argentina se ha hecho sentir en el seno del organismo.

La fricción llegó a tal punto que desde Argentina, en una entrevista reciente, el ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, dijo, después de reconocer que "la responsabilidad primera" de lo que hizo Argentina en materia económica desde los años 1994 y 1995 "es interna", subrayó que en "todos esos años los organismos sostuvieron con ceguera ese modelo que condujo a una deuda y a un desempleo descomunales" y que el FMI había "fallado en todos sus pronósticos de los últimos tiempos. Hasta junio sostenía que Argentina estaba al borde de la hiperinflación, el colapso financiero y la recesión. La realidad desmintió este diagnóstico técnico. Le está costando mucho readaptarse a un nuevo diagnóstico y entonces introduce elementos políticos". Y añadió: "No hay ningún obstáculo técnico que impida" un acuerdo con el FMI.

El obstáculo para el pacto entonces es puramente político, según el ministro argentino. De hecho, el ministro de Producción argentino, Aníbal Fernández, llegó a denunciar que economistas afines a el ex presidente Carlos Menem habían ido a Washington para convencer al Fondo para que no firme ningún acuerdo con el actual Gobierno del presidente Duhalde y que esperase a que ellos ganaran las elecciones en abril próximo. Fuentes cercanas al Fondo aseguran que mientras los políticos argentinos no se comporten, no habrá ningún acuerdo.

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Sobre la firma

Fernando Gualdoni
Redactor jefe de Suplementos Especiales, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS como redactor de Economía, jefe de sección de Internacional y redactor jefe de Negocios. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, analista de Inteligencia por la UC3M/URJ y cursó el Máster de EL PAÍS y el programa de desarrollo directivo de IESE.

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