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CATÁSTROFE ECOLÓGICA EN GALICIA

La carga de la prueba

La presunción de inocencia es una garantía del proceso penal, que no es en modo alguno extensible al proceso de dirección política que por imperativo constitucional le corresponde al Gobierno. Al contrario. En el proceso político es al gobernante al que corresponde la carga de la prueba. De ahí que no resulte aceptable que un presidente del Gobierno exija que se le demuestre que ha actuado incorrectamente en la gestión de una determinada crisis, como hizo el pasado miércoles José María Aznar en el pleno del Congreso ante una pregunta de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el hundimiento del Prestige. No es la oposición la que tiene que demostrar que ha habido "descoordinación" en la respuesta gubernamental ante la emergencia, sino el Gobierno el que tiene que hacer visible a los ciudadanos que no la ha habido. No simplemente decir que no la ha habido, sino aportar las pruebas de que no la habido.

Porque esto es lo único que políticamente se está dilucidando en el tratamiento del problema tanto por parte de la opinión pública y publicada como en sede parlamentaria. Nadie, que yo recuerde, ha responsabilizado al Gobierno del hundimiento del Prestige. Todo el mundo reconoce que la responsabilidad del hundimiento recae en los armadores del buque y que el hundimiento ha ocurrido en Galicia, pero podía haber ocurrido en Bretaña. No es, por tanto, eso lo que se discute. Lo que se discute es única y exclusivamente si las autoridades políticas españolas han reaccionado ante la catástrofe de la manera que es esperable en una "sociedad democrática avanzada", que es lo que España es, de acuerdo con los términos del Preámbulo de la Constitución; o si, por el contrario, ha reaccionado de manera inapropiada y difícilmente justificable.

Aquí nadie está comerciando con el dolor de nadie, dolor que, en todo caso, no sería dolor "ajeno", sino propio, porque no creo que haya nadie en España que considere lo ocurrido en Galicia como algo ajeno. El dolor por las consecuencias del vertido tampoco se está discutiendo, aunque es más que probable que dicho dolor se haya visto incrementado por el conocimiento de que el presidente de la comunidad autónoma estaba de caza en el momento en que el fuel estaba llegando a las costas. No se está hablando de eso. Y no se puede utilizar ese argumento como burladero para rehuir la propia responsabilidad.

La gestión política de la crisis es lo único que se está enjuiciando y de esta gestión es de la que se le está pidiendo cuentas al Gobierno de la nación y al Gobierno de la comunidad autónoma. Y de esto, precisamente, es de lo que ambos no quieren ni oír hablar. De ahí la acumulación de argumentos torticeros con los que intentar desviar la atención de la opinión pública de lo que es el auténtico objeto del debate, que no es otro que la conducta de los gobernantes, empezando por la de los presidentes José María Aznar y Manuel Fraga y siguiendo por la de todos los demás que tenían que haber actuado por razón de su competencia . Aquí no hay ni presunción de inocencia que invocar ni "dolor ajeno" al que recurrir. Lo que hay que dar es una explicación de lo que se ha hecho y, algo no menos importante, de lo que se ha dicho. Porque la distancia entre lo que se ha dicho y se sigue diciendo respecto del riesgo de marea negra, del volumen de fuel vertido, de si se sigue o no vertiendo fuel tras el hundimiento del barco, de la inexistencia de la jornada cinegética, etcétera y lo que en realidad se ha acabado sabiendo que ha sucedido, va más allá de la simple ocultación de la verdad, para entrar directamente en el terreno de la mentira a sabiendas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de noviembre de 2002