CATÁSTROFE ECOLÓGICA EN GALICIA | Debate sobre la gestión del desastre

El Congreso aprueba por unanimidad el decreto de ayudas para los afectados por la marea negra

El Congreso aprobó ayer por unanimidad el decreto de ayudas para los afectados por la catástrofe ecológica en Galicia, con la reserva de la oposición que juzgó "insuficiente" el paquete de medidas. Los representantes de los grupos parlamentarios de la oposición -Carmen Marón, del PSOE, José Luis Centella, de IU, y Francisco Rodríguez, del BNG- coincidieron en exigir al vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, que las ayudas no sólo incluyesen a los sectores afectados directamentepor la catástrofe sino también a los que se verán perjudicados de forma indirecta, como la industria y el turismo.

Rajoy precisó previamente que el decreto contiene ayudas que, en el ámbito económico y social, suponen el abono de 1.200 euros al mes por un periodo máximo de medio año a cada afectado, además de reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el IVA "para quienes realicen actividades directamente relacionadas con la pesca, el marisqueo o la acuicultura y se hayan visto paralizados por el siniestro".

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La diputada socialista Carmen Marón precisó las insuficiencias del decreto: no hay "moratoria para las obligaciones de pago", las medidas de bonificación del pago de los empresarios afectados a la Seguridad Social son "discrecionales" al estar sometidas a la decisión de la Tesorería de la Seguridad Social, las ayudas directas tienen una limitación temporal -seis meses- y económica y no se extienden a la economía sumergida y muchos de los demandantes de créditos no disponen de avales para formalizarlos.

El vicepresidente primero había anunciado previamente la instrumentación de dos créditos blandos por un importe total de 200 millones de euros para la reparación de las instalaciones afectadas. Una de las operaciones se instrumentará a un interés del 1,75% como préstamos directos a personas físicas así como a pymes por un plazo de un año prorrogable. En la otra, cuyo tipo final será del 0%, se utilizará la mediación de entidades financieras gallegas para operaciones de préstamo dirigidas a las personas físicas o jurídicas afectadas y tendrán asimismo el plazo de un año. Rajoy calificó el paquete de ayudas como "el más importante adoptado nunca en España ante un suceso de estas características".

La diputada socialista insistió en el debate en la "ausencia de un plan de emergencia del Gobierno ante este tipo de catástrofes", la falta de información del Ejecutivo y su "falta de reacción" ante el siniestro.

Francisco Rodríguez, del BNG, coincidió con la diputada socialista en la "insuficiencia" del decreto de ayudas. Pero puso el acento en los efectos económicos de la marea negra, según recoge un estudio del equipo de investigación de economía pesquera de la Universidad de Santiago de Compostela. Rodríguez describió cómo la marea negra está afectando a "zonas de importantísimo valor ecológico, en su mayor parte protegidas y catalogadas por su interés medioambiental, paisajístico y faunístico". Y precisó que la recuperación del equilibrio ecológico "superará como mínimo los diez años e incluso en algunas especies puede llegar a los 25 años".

Rodríguez evaluó en 119.874 personas, si se incluye el empleo directo e indirecto, un 12,2% del empleo total gallego, el afectado por la catástrofe. Y precisó cómo algunas localidades dependen exclusivamente de la pesca: en Fisterre, el 47,2% de las personas ocupadas; en Ribeira, el 39,9%; en Malpica, el 33,4% y en Camariñas, el 27,5%.

El estudio al que aludió Rodríguez sitúa la cifra del desastre por encima de los 3.000 millones de euros que costaría a fecha de hoy la catástrofe del Exxon Valdés, ocurrida hace 13 años.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 28 de noviembre de 2002.

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