Un cargo y nueve técnicos, imputados por la muerte de dos pacientes en Mataró

El jefe de división del Servicio Catalán de la Salud, Francesc Muntaner, y nueve técnicos han sido imputados por un delito de homicidio involuntario por negligencia por su presunta responsabilidad en la muerte de dos personas en el Servicio de Radiología del Hospital de Mataró, a quienes se conectó un tubo equivocado y recibieron un gas anestesiante en lugar de oxígeno. La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Mataró ha iniciado el procedimiento tras una compleja fase de instrucción que ha durado cerca de tres años y durante la cual los diferentes imputados se han acusado mutuamente. La juez exige responsabilidades civiles a la Generalitat de Cataluña y a cuatro empresas implicadas en el caso.

Los hechos ocurrieron en 1999. El 9 de agosto de aquel año fallecía en el Hospital de Mataró Joan Garriga Cortana, de 65 años, tras presentar síntomas de cianosis que le causaron un paro cardiaco. Días después, el 1 de septiembre, una mujer de 83 años, Maria Blanch Gimeno, fallecía tras presentar los mismos síntomas. Los dos pacientes, a quienes se les había practicado un TAC, habían sido conectados a la toma de oxígeno de la sala de radiología. Todavía otro paciente, la joven Paloma A. V., fue conectada el 16 de septiembre de 1999 a la unidad de respiración asistida de la sala de radiografía, aunque en su caso, la rápida reacción del personal médico pudo evitar daños mayores y se recuperó sin sufrir consecuencias.

Al hallarse una anomalía en el funcionamiento de la sala de TAC, el propio Hospital de Mataró inició un expediente informativo que puso de manifiesto que por error se habían entrecruzado las tomas de oxígeno y las de protóxido de nitrógeno, un gas utilizado como anestesiante.

El Col.lectiu Ronda, que representa legalmente a los trabajadores del hospital, considera que la responsabilidad principal del caso recae en el Servicio Catalán de la Salud, organismo que autorizó la puesta en funcionamiento del Hospital de Mataró, a pesar de no haberse realizado las pruebas de seguridad que garantizaran el correcto funcionamiento de la instalación del servicio de radiología, y más concretamente de la unidad de respiración asistida. Aun así, la juez ha imputado también a los técnicos de las empresas Fomento de Construcciones y Contratas, ECA, Carburos Metálicos y CAST, que participaron en la instalación del servicio, por considerarles "responsables de la omisión del deber de diligencia de supervisión y comprobación de la correcta instalación antes de la puesta en funcionamiento".

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 28 de noviembre de 2002.

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