La OCDE cuestiona la distribución de las ayudas a la cooperación y su recorte entre 1999 y 2000

La política española en materia de cooperación y desarrollo del último quinquenio no sólo no ha crecimiento de forma sostenida como lo venía haciendo entre 1988 y 1994 -"cuando alcanzó su clímax con una inversión del 0,28% del PIB"- , sino que además ha experimentado una caída hasta el modesto 0,22% que sitúa a España en el penúltimo lugar de la UE, sólo por detrás de Grecia, según el informe de evaluación de noviembre de 2002 elaborado por el Comité de Ayudas al Desarrollo (CAD) en el que participan 22 países de la OCDE, incluidos la totalidad de socios europeos.

La gestión de estos recortes se halla reflejada en los presupuestos oficiales del Gobierno español, al menos de los dos últimos años evaluados por el CAD que responden a los ejercicios cerrados de 1999 y 2000. El comité evaluador de la OCDE constata una drástica reducción de las Ayudas Oficiales al Desarrollo (AOD) en estos dos años del 2,1% respecto a presupuestos anteriores, situándose en un gasto neto de 1.200 millones en 2000, "lejos de la media europea" y de las estimaciones comprometidas por el propio presidente Aznar en la Cumbre Europea de Barcelona de marzo pasado para destinar el 0,33% del PIB español en 2006.

El informe La política española de Cooperación para el desarrollo a examen del CAD que se presentó ayer en unas jornadas de Cooperación organizadas por la Universidad Politécnica de Valencia -con la ausencia a última hora del secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Rafael Rodríguez-Ponga- subraya también que pese a que el Gobierno español asegura que "existe un crecimiento nominal en euros del 1,3%, en realidad las AOD netas en dólares, en 2000, disminuyeron en términos reales un 2.1%. El presupuesto fue de 1.200 millones de dólares, lo que supone un recorte de unos 25 millones de dólares."

La evaluación de la OCDE confirma, o cuanto menos detecta ciertas sombras de opacidad que planean en la gestión de las políticas de cooperación tanto del Ministerio de Economía y de la Dirección de Comercio, como del Ministerio de Exteriores y la AECI. Así, un capítulo entero duda de la oportunidad de que se dedique "más del 50% del porcentaje de ayudas a países con rentas medias altas" y sólo un 9% a rentas muy bajas.

Críticas a "donaciones"

"Dado que España no dedica su atención a los países más pobres, es preciso que demuestre de manera particular que los pobres de esos otros países en desarrollo son los destinatarios reales de las ayudas". Destaca el espacio dedicado por el comité evaluador a cuestionar la "reducción" de créditos blandos FAD y el "aumento desproporcionado de donaciones" desde 1997, dado que "además los préstamos FAD realizados a países distintos de los menos adelantados se vinculan a adquisiciones españolas". El comité exige a la Dirección General de Comercio "mayor claridad en los objetivos" de los créditos otorgados a "países de renta media fuertemente endeudados", propone una "revisión de los préstamos" y sugiere que "analice la limitación que esta política impone al principio de apropiación [ceder la corresponsabilidad a los técnicos homologados del país receptor] y a la eficacia final de las ayudas". También cuestiona, por ejemplo, el desfase contable existente entre "los desembolsos netos" y las "imputaciones presupuestarias" de la cuota de recursos del Ministerio de Economía. Y pide un informe anual único donde se desglosen los planes por países.

Mención a parte requiere el crítico análisis sobre el funcionamiento de la ya de por sí cuestionada AECI, por la "diversificación de proyectos", el elevado número de directivos contratados en el extranjero y la creación de una macrodirección general de política cultural, en una secretaría que gestiona el 33% del presupuesto total de ayudas españolas, pero sólo se destina el 1% a educación básica y un 5% a sanidad, mientras las inversiones en construcciones y en becas para universitarios se incrementan.