El 'caso Gescartera' obliga al Gobierno a aumentar la protección a los inversores

Una de las enmiendas más relevantes de las 170 que el Partido Popular ha introducido a última hora en la Ley de Acompañamiento y la de los Presupuestos incrementa la protección de los inversores. La enmienda propone que se añada una disposición adicional que establece que "las sociedades gestoras de cartera deberán adherirse al Fondo de Garantía de Inversiones" si bien establece que no tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil, como estaba establecido hasta ahora.

Estas sociedades gestoras de cartera son empresas de servicios de inversión que "exclusivamente" pueden trasmitir órdenes por cuenta de terceros; negociar por cuenta propia; realizar la gestión de carteras de inversores; mediar en la colocación de emisiones y ofertas públicas de ventas, así como asegurar estas emisiones, según la Ley del Mercado de Valores. Con este movimiento, el partido del Gobierno pretende acabar con la laguna legal que dejaba fuera del Fondo de Garantía de Inversores a estas sociedades que, como Gescartera, captan dinero de los inversores, pero no respondían ante ellos en caso de desfalco. La Ley exige que la adhesión de estas sociedades se produzca "antes del 1 de febrero de 2003".

Además de las sociedades gestoras de cartera, la sociedades y agencias de valores también quedan incluidas en el Fondo de Garantía de Inversores. Este Fondo comenzó su andadura a finales del año pasado y ha fijado que su indemnización máxima sea de 19.833 euros por inversor.

Aportaciones relevantes

Pero la enmienda del PP va más allá. Entre otras cosas, establece que los miembros del Fondo aportarán anualmente 20.000 euros cuando ingresen comisiones inferiores a los cinco millones de euros; 30.000 euros si se encuentran entre cinco y 20 millones de ingresos y 40.000 euros cuando superen los 20 millones.

Además aportarán el dos por mil sobre el patrimonio gestionado, más el 0,05 por mil del valor efectivo de las acciones o instrumentos financieros depositados o gestionados, correspondientes a clientes cubiertos por la garantía. Por último harán otra aportación que será el resultado de multiplicar el número de clientes cubiertos por la garantía por el 0,15 por mil sobre un importe mínimo. Este sistema de aportación sustituye al actual, considera confuso y desequilibrado por los miembros del mercado.

El Ministerio de Economía, a propuesta de la CNMV, podrá reducir o suspender las aportaciones. El Fondo se constituirá "como patrimonio separado, sin personalidad jurídica", cuya representación se encomendará a una gestora que será una socieadad anónima. El capital estará repartido en función de las aportaciones de cada miembro.

Por otro lado, el Gobierno tendrá listo en el primer trimestre del año que viene un proyecto de ley de instituciones de inversión colectiva que potenciará y racionalizará la protección de los inversores, según el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos. De Guindos, que participó en una jornada sobre fiscalidad de fondos de inversión organizada por El Nuevo Lunes, aseguró que el proyecto de ley introducirá mayor claridad en los folletos para que el inversor conozca perfectamente los riesgos que asumen.

Justicia no gratuita

Otra de las enmiendas introducidas por el PP crea una nueva tasa para las demandas judiciales que tendrán que pagar todas las empresas que facturen más de cinco millones de euros al año. La tasa será entre 90 y 600 euros, más un porcentaje en función de la cuantía de la demanda y se impondrá en los recursos presentados en la vía de lo contencioso-administrativo, es decir, contra actos de los organismos públicos, y en la vía civil. Por ejemplo, deberán pagar la tasa las medianas y grandes empresas que recurran contra una deuda tributaria que les exige Hacienda, o los bancos cuando procedan contra un particular por impago de una hipoteca.

Además de los ingresos que proporcionará esa tasa para el Ministerio de Justicia, el objetivo de la medida es disminuir la litigiosidad. Hasta ahora, la presentación de esos recursos no conllevaba el pago de tasas. Para las personas físicas, para las demandas por cuestiones de herencias, los litigios de familia o los divorcios, la justicia seguirá siendo gratuita en este aspecto.

Las modificaciones planteadas por el PP, tanto a la Ley de Prsupuestos como a la de Acompañamiento, afectan a otras cuestiones como el sector audiovisual o las tarifas eléctricas. Se establecen también bonificaciones del 65% en las cuotas a la Seguridad Social para mujeres maltratadas y jóvenes entre 16 y 18 años que estén en centros de rehabilitación, así como para la contratación de nuevos socios en cooperativas o sociedades laborales. Igualmente, se da una nueva regulación a la publicidad de los precios de las gasolinas en autopistas, se flexibilizan las condiciones para acceder al Plan Prever para la renovación del parque automovilístico y se establecen nuevas normas de control de organismos públicos.