Una ley convertida en miscelánea

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos se ha convertido en una especie de escoba que, cada año más, el Gobierno utiliza para introducir modificaciones legales sin pasar por el tamiz parlamentario. Este instrumento surgió a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional de 1992. En ella, el alto tribunal argumentaba que para regular cuestiones relativas a los Presupuestos pero apartadas de su núcleo era necesaria una ley adjunta, siempre que la materia guardase "relación directa" con el Presupuesto.

Estos criterios han generado las protestas de la oposición, fundamentalmente del PSOE, que ha recurrido la ley tres años consecutivos (la de 1999, 2000 y 2001) al considerar que vulnera el mandato del Constitucional. Durante los años de Gobierno socialista, el Ejecutivo utilizó la Ley de Acompañamiento para introducir medidas tributarias, como las vacaciones fiscales en las cuentas de 1994 y las primeras reformas sobre el mercado del suelo en las de 1996. Entonces, este atajo legislativo generó poca polémica.

Críticas

A partir de 1997, la ley comenzó a convertirse en una miscelánea, aunque las tensiones se iniciaron con las cuentas de 1998. A las críticas de la oposición se sumaron las del Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno en asuntos económicos y sociales, que censuraba la "inseguridad jurídica" del texto. Fue la primera vez que se utilizó la ley para un proyecto de gran calado, como la reforma del impuesto sobre la renta, que redujo la tarifa de 10 tramos a ocho.

Un año después, este instrumento sirvió para aprobar una de las medidas económicas más controvertidas del Ejecutivo del PP, las ayudas a las eléctricas. La ley adjudicó 1,3 billones de pesetas a estas compañías como costes de transición a la competencia, lo que desató un aluvión de críticas. El texto de 1999 recogía también la figura de las fundaciones sanitarias, que abrían al sector privado la gestión de los hospitales.

En los Presupuestos de 2001, el Gobierno aprovechó para blindar Iberia ante compras hostiles, con una acción de oro, y para traspasar el ente público RTVE a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En 2002, medidas como el recorte presupuestario en la Agencia Tributaria no llegaron a suscitar la polémica de este año, en que, además de las críticas del CES, el Consejo de Estado calificó de "perturbador" su uso.