La difícil conversión de un museo franquista

Clos espera pactar en 30 días la reforma del Museo Militar de Montjuïc

No parece que la insistencia de ERC a la hora de exigir un cambio profundo en la normativa que rige la gestión del castillo de Montjuïc -y del museo militar que alberga en su interior- resulte excesiva. De hecho, sorprende que personalidades ciudadanas tan relevantes como el alcalde Joan Clos o los concejales Ferran Mascarell y Albert Batlle consientan -cuando han transcurrido 24 años desde la promulgación de la Constitución- en formar parte de un patronato cuyas funciones, entre otras, sean la de "conservar la fortaleza para necesidades militares de emergencia y de honores de plaza", la de "enaltecer el recuerdo y lección de los Caídos por Dios y por España" o la de convertir el recinto en el que fue asesinado el presidente Lluís Companys en "lugar de veneración y alegría".

El cambio profundo de la ley y del reglamento que la desarrolla, vigentes desde 1960, fue exigido por acuerdo unánime del Congreso de los Diputados hace ya casi dos años. El anuncio del alcalde Clos, afirmando que las negociaciones para el cumplimiento de este acuerdo están tocando a su fin, y que concluirán de forma satisfactoria, motivó que la semana pasada ERC -en tanto que miembro del Gobierno municipal- aceptara demorar 30 días la presentación, para su debate en el pleno de la corporación municipal, de una nueva propuesta que exige también la radical transformación del museo en un "centro de interpretación de la historia militar de Barcelona y de Cataluña desde una perspectiva cívica".

El anuncio de la presentación de la propuesta de ERC tuvo una airada respuesta del grupo municipal del PP, cuyo presidente, el concejal Emilio Álvarez, recordó que el debate celebrado en febrero de 2001 en el Congreso de los Diputados había tenido su origen en el penoso episodio de la venta, en una de las tiendas del museo, de símbolos de ideología nazi y fascista. La responsabilidad de la concesión de esa tienda, en opinión de Álvarez, había que atribuírsela al Ayuntamiento en tanto que titular del castillo, que le fue cedido a través de la ley de 1960 para que instalara allí un museo destinado a "exaltar las glorias castrenses patrias". Olvidó Álvarez -o quizás no lo sabía- que, pese a la cesión, el Ayuntamiento no es el principal responsable de la gestión del museo, como revela el contenido del reglamento que desarrolla la tan denostada norma. La gestión del castillo, y del museo, compete a un patronato en el que el Ayuntamiento, con tres representantes, está en minoría. Los cinco miembros restantes (cuatro militares y el delegado del Ministerio de Hacienda) dependen de la Administración central. Y según el reglamento vigente, es la representación estatal la que corta el bacalao en el museo. Al alcalde, en tanto que vicepresidente, sólo le corresponde "representar a la ciudad en el patronato", "presentar, en nombre del Ayuntamiento, cuantas propuestas formule para la consecución de los fines señalados relativos a urbanización y Museo Militar" y, por último, "provocar el estudio de cuantas mejoras pudieran presentarse en los planes de urbanización". Las limitadas funciones del alcalde no impiden que al Ayuntamiento, como institución, corresponda dotar "el presupuesto de atenciones anuales" del museo, sin posibilidad, en cualquier caso, de decidir en cuestiones como el precio de la entrada, que compete al patronato. Es precisamente al presidente del patronato -cargo que ostenta la primera autoridad militar de Cataluña- a quien el reglamento reserva la potestad, entre otras, de "dirigir e inspeccionar las instalaciones".