La Diputación pide al juez que suspenda el acuerdo por el que Cajasur se acoge a la Ley Financiera

La Diputación de Córdoba ha solicitado ante un Juzgado de primera instancia la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Administración de Cajasur adoptado el lunes por el que la caja cordobesa solicita la aplicación de la Ley Financiera. Según aclaró ayer una fuente de la institución provincial, la Diputación considera que no se han respetado sus derechos como cofundadora de la entidad al tomar esta decisión, que saca a la caja de la supervisión de la Junta para pasar a ser tutelada por el Ministerio de Economía, en virtud de su fundación "directa" por la Iglesia.

La Ley Financiera, publicada el sábado, estipula que las cajas de fundación "directa" de la Iglesia pasan a estar sometidas a la supervisión excepcional del Ministerio de Economía. Este artículo, incluido por el PP en la norma y que sólo puede afectar a Cajasur, fue esgrimido por el presidente de la entidad, Miguel Castillejo para convocar de urgencia ese mismo sábado un Consejo de Administración que, el lunes, aprobó solicitar la aplicación inmediata de la nueva norma estatal.

La Diputación de Córdoba, que informó notarilmente al Consejo de Administración de que una medida así debía tener en cuenta su papel como cofundadora de la caja, tomó ayer también una decisión de urgencia al reclamar al juez la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Administración. Una fuente de la Diputación justificó esta veloz respuesta en que " la rápida tramitación ante el Ministerio de Economía del acuerdo, tal como han manifestado responsables de Cajasur ante los medios de comunicación, hurtaría a esta Administración provincial la posibilidad de revisar tal acuerdo por la jurisdicción ordinaria".

La Diputación mantiene que la Iglesia no es la única fundadora de la caja, al ser en la actualidad Cajasur fruto de la fusión de esta entidad con la Caja Provincial, creada por la Diputación. La institución provincial recuerda que su naturaleza de cofundadora viene recogida en la ley andaluza. A estos argumentos, la dirección de Cajasur replica que la fusión se hizo mediante la absorción de la Caja Provincial y que eso habría eliminado los derechos de sus fundadores.

Por otra parte, la Consejería de Economía puso ayer en marcha el procedimiento administrativo abierto contra la póliza que pagó Cajasur (desembolsó 2,9 millones de euros) para asegurar a Castillejo, el cobro íntegro de su sueldo actual (213.000 euros al año) de por vida, una vez que deje la caja cordobesa. Economía envió un escrito a la entidad en el que le advierte de que, a su juicio, se trata de un pago ilegal al considerarlo una indemnización por cese, y le da un plazo de diez días a Cajasur para que presente sus alegaciones.

Una fuente de Economía precisó que el escrito con el que da por iniciado el procedimiento administrativo también fue enviado a todos los vocales del Consejo de Administración para que estén informados de las actuaciones de la Consejería.

La aplicación de la Ley Financiera a Cajasur, que quita la supervisión de la entidad a la Junta y se la reserva al Ministerio de Economía no interferirá en este procedimiento, al haberse firmado la póliza en septiembre de 2001. Los abogados de la entidad oponen que en esa fecha ya estaban suspendidos por el Constitucional (tras un recurso del Gobierno) los artículos de la Ley andaluza de Cajas que hacen referencia a la singularidad de sus órganos de gobierno, dominados por la Iglesia.

La Junta ya ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional el artículo que permite a Cajasur evitar su control y pasar a la tutela del Ministerio de Economía. "Eso es una rabieta del PSOE y de Manuel Chaves", adujo el secretario regional del PP, Antonio Sanz, informa Luis Eduardo Siles. Sanz sostuvo que la norma estatal "supone un escudo para las cajas de ahorro frente al intervencionismo del PSOE" y acusó al presidente de la Junta de haber emprendido "una cacería política" para "demonizar" a la caja cordobesa.

Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba (IU), consideró que la decisión de Cajasur "no es buena para la ciudad". Aguilar reclamó un "compromiso claro" de la caja sobre "la cuantía de la Obra Social y Cultural para la ciudad y la provincia".