Iguales ante la sanidad

La ley General de Sanidad, de 1986, abordó la difícil tarea de sentar al mismo tiempo las bases de dos procesos complejos: la modernización de la sanidad española y la descentralización de su gestión. Una vez concluida ésta, con las transferencias en diciembre pasado a 10 comunidades autónomas, se hizo necesaria otra ley, probablemente tan importante como la anterior, para mantener la coherencia del sistema. Su anteproyecto llega ahora de la mano de la ministra de Sanidad, Ana Pastor.

La nueva Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud aborda un territorio delicado. Aunque las competencias de la Administración central y de las CC AA están bien definidas, el Sistema Nacional de Salud forma un todo en el que deben predominar los puntos en común sobre las diferencias, si se quiere evitar que la asistencia sanitaria desemboque en modelos excesivamente desiguales.

El ministerio se reserva el catálogo de prestaciones a los ciudadanos -aunque recuerda que la responsabilidad financiera recae en las comunidades autónomas- y el control de calidad del sistema. En paralelo, refuerza la Comisión Interterritorial del Servicio Nacional de Salud, de la que forman parte la ministra y los consejeros autonómicos, como elemento básico de cohesión del sistema y del necesario consenso sanitario.

La búsqueda del consenso se está manifestando de momento en una amplia ronda de conversaciones de la ministra con representantes políticos y sociales de todos los colores. Es una puesta en marcha del proceso legislativo que contrasta con la crispación que ha presidido la tramitación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. El PSOE ha acogido el texto de la Ley de Sanidad sin afán polémico, aunque subraya algunas condiciones. Los nacionalistas catalanes se muestran reticentes con el protagonismo del ministerio, pero aseguran que están por el consenso. Y sólo los nacionalistas vascos se oponen frontalmente.

El anteproyecto, aunque bien construido, es sin duda mejorable. Lo importante ahora es que el diálogo se mantenga hasta el final, para que el resultado sea una ley que resuelva el complejo equilibrio entre la Administración central y las autonomías y redunde en beneficio de la calidad de la asistencia sanitaria para todos.