El Gobierno emprende acciones legales por daños y perjuicios

El Ministerio de Fomento informó ayer que ha puesto en marcha las acciones jurídicas necesarias para la reclamación de los daños derivados del naufragio del petrolero Prestige. El ministro de Justicia, José María Michavila, por su parte, señaló que la cooperación entre España y el Reino Unido en este caso es muy estrecha con el objeto de determinar los datos y las responsabilidades a que haya lugar.

Las actuaciones emprendidas desde el día 14 para pedir la reparación de daños y perjuicios son varias. El pasado día 15, viernes, tercer día de naufragio del petrolero, se notificó a la empresa aseguradora de Londres, London Steamship Owners Mutual Insurance Association Limited (P&I), el acuerdo de inicio de expediente sancionador, por una presunta infracción administrativa, contra el armador (Universe Maritime, con base en Grecia), el propietario del petrolero (Mare Shipping, con base en Liberia) y contra el capitán del barco, Apostolos Maguras, actualmente en prisión en España bajo fianza de tres millones de euros, acusado de falta de colaboración en el rescate del barco y de un posible delito ecológico.

El mismo día 15, la Capitanía Marítima de A Coruña pidió como medida cautelar el afianzamiento por la compañía aseguradora (P&I) de 60 millones de euros en garantía de la sanción y de las indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados.

Los días 14 y 18 se estableció contacto con las oficinas del Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC), del cual España es signataria y uno de sus principales contribuyentes, para abrir las vías de posibles reclamaciones por daños y gastos previstas en el mismo.

España, además, se ha personado en las diligencias previas que se siguen por estos hechos en los juzgados de instrucción de Corcubión y A Coruña.

Por su parte, el ministro de Justicia, José María Michavila, indicó ayer que, respecto al desastre, "el Reino Unido y España mantendrán los cauces de diálogo y colaboración que han mantenido siempre en todos los casos" y destacó que "las autoridades españolas han actuado de manera eficaz para reducir al máximo un daño que ha sido grave, pero que podía haber sido una catástrofe".

Michavila explicó que las citadas acciones legales emprensidas por el Gobierno son necesarias para determinar las responsabilidades en el seno de la Unión Europea, y la Abogacía del Estado está estudiando las acciones legales que permitan establecer la causa del naufragio, la cuantía de los daños causados por el vertido e identificar a los perjudicados. "A partir de estos tres parámetros", resaltó, el Gobierno exigirá responsabilidades al armador del barco, a las autoridades responsables del mismo y reclamará al seguro las indemnizaciones correspondientes..

Michavila indicó también que el Consejo de Ministros pondrá en breve en marcha los mecanismos y procesos para reparar los daños provocados por el vertido del petrolero Prestige.