La política de Artur Mas

La anticipada campaña electoral ha comenzado a un ritmo frenético. Si, por una parte, ello impedirá cualquier acción coherente de gobierno, ya que todo se tiñe de electoralismo, por otra quizá nos permita conocer bien las propuestas de unos y otros para así perfilar de manera adecuada a nuestras convicciones el futuro voto.

Quien en las últimas semanas está tomando la iniciativa es Artur Mas desde su privilegiada posición de ser el conseller en cap del actual Gobierno catalán y dar repetidas muestras de que las más recientes actuaciones de éste obedecen a sus ideas y directrices. Del conjunto de sus actitudes e iniciativas ya podemos extraer algunas consecuencias.

Una primera preocupación de Mas ha sido recuperar la confianza del sector más nacionalista de su partido y de sus votantes. Probablemente, el espectacular portazo de Pere Esteve y la propuesta autodeterminista de Ibarretxe intensificaron sus esfuerzos en esta dirección. Fruto de ello es el proyecto de aprobar un nuevo Estatuto, basado en unos supuestos derechos históricos de Cataluña, con un sistema de financiación semejante al cupo vasco. La credibilidad de tan insensata y poco fundada propuesta es nula, pero de aquí a las elecciones competirá con la mucho menos radical que formularon -¡santa inocencia!- los socialistas, junto a Esquerra e Iniciativa. Cada uno ha de ser lo que es y no aparentar lo que no es, pero puede hacer daño al contrario. La propuesta de Mas, que se concretará dentro de unos meses, es un simple brindis al sol, pero suficiente para dejar en pólvora mojada las intenciones socialistas y sumir en el ridículo a un partido independentista como Esquerra.

Ya en el colmo de los ridículos, pero también en esta línea de rearme nacionalista, el Gobierno de CiU ha aprobado abrir una embajada en Perpiñan, se supone que con la intención apoyar a los nacionalistas catalanes locales aunque, en cualquier caso, sin ninguna conexión con los intereses generales que debe defender la Generalitat e imagino que ante la justificada suspicacia de las autoridades francesas.

Una segunda línea de la actuación de Mas es la descaradamente electoralista. De momento, ha prometido unas módicas rebajas fiscales a los jóvenes que alquilen pisos y a los papás que contribuyan a comprar un piso para sus hijos, así como aumentos en las pensiones de las viudas y los viudos. Por otra parte, frente al desgaste electoral que puede suponerle en las comarcas del Ebro el apoyo parlamentario de CiU al Plan Hidrológico Nacional, ha propuesto como nueva opción el trasvase del agua del Ródano. Otro brindis al sol, ya que tal solución depende del acuerdo de los gobiernos español y francés, y es muy probable también la oposición de los grupos ecologistas de la Provenza y la Camarga, zona esta última de un alto valor medioambiental como lo es también el delta del Ebro. Ahora bien, por prometer que no quede: la culpa siempre se le puede echar a los gobiernos de Madrid y París, siempre tan jacobinos.

Una tercera línea va en el sentido de evitar que salgan a la luz pública turbios negocios de presunta corrupción: los famosos casos Pallerols (que afecta a Unió Democràtica), Europraxis (que afecta a Josep Pujol, hijo del presidente) y Turismo (que afecta al recientemente destituido consejero Subirà, también de la familia). Primero, con la ayuda del PP, se impidió que una comisión parlamentaria los investigara; ahora, una Sindicatura de Cuentas controlada por CiU retrasa sus informes con pretextos grotescos: por ejemplo, su presidente se ha negado a firmar durante un tiempo la compra de sellos para franquear unas cartas necesarias para concluirlos. La sensación de república bananera es total, ante un Parlament inerme que está haciendo un ridículo histórico.

Finalmente, una cuarta línea de la acción política de Mas consiste en sus esfuerzos por apoderarse de determinados ejes básicos de la sociedad catalana. Ya hablamos hace unas semanas del intento, ahora casi consumado, de eliminar a Josep Vilarasau como presidente de La Caixa, una de las pocas personas poderosas de Cataluña que no siempre se han sometido en estos últimos 22 años a los dictados de CiU. Establecer en la próxima Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que los consejeros y otros altos cargos de las cajas no pueden sobrepasar el límite de 20 años en el cargo es algo tan irrazonable que sólo se entiende por el argumento ad hominem. ¡20 años! Los límites a los mandatos en los cargos, cuando se cree oportuno establecerlos, son siempre mucho más reducidos -dos mandatos, ocho años, por ejemplo-, pero una tal cantidad no es más que pura arbitraridad con un fin singular injustificable. En definitiva, una vergüenza.

En la misma línea de control social democráticamente ilegítimo y, en este caso, además, claramente ilegal, es la concesión provisional de 20 nuevas frecuencias radiofónicas a amigos y conocidos, aunque -como es el caso de la emisora de Justo Molinero- incumplan las normas pertinentes de la famosa Ley de Política Lingüística. ¿Todo vale cuando hay elecciones a la vista? En otro orden de cosas pero con intención parecida: ¿tiene alguna justificación, desde el punto de vista de los intereses generales, que la Generalitat abra también una embajada en Roma para así influir en el Vaticano y controlar a la Iglesia catalana?

Los primeros pasos de Artur Mas tras el reciente cambio de gobierno son en algunos casos poco creíbles, y en otros escandalosos. Si las cosas siguen por este camino -mucho me temo que no se torcerá-, esperemos que la sociedad catalana sepa reaccionar en las próximas elecciones. Y reaccionará si los partidos de la oposición saben ofrecer propuestas serias, razonables, honestas y realistas.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.