La izquierda y el PP piden que dimita el síndico de cuentas catalán

Todos los partidos catalanes, salvo Convergència i Unió (CiU), exigieron ayer la dimisión del máximo responsable de la Sindicatura de Cuentas -equivalente catalán del Tribunal de Cuentas-, Marià Nicolàs. Los grupos de izquierda y el Partido Popular consideran que Nicolàs, elegido a propuesta de CiU, frena la elaboración de informes que pueden perjudicar al Gobierno catalán.

Nicolàs está al frente del órgano fiscalizador de las administraciones públicas catalanas desde mayo, cuando el Parlament, con los únicos votos de CiU, le eligió síndico mayor para tratar de poner fin a la crisis que atravesaba la institución. Seis meses después, todos los grupos, salvo CiU, exigen la salida de Nicolàs al considerar que mantiene la sindicatura al ralentí en beneficio del Gobierno catalán.

El síndico mayor ha tenido una intervención directa en dos de los informes encargados por el Parlament más sensibles para el Ejecutivo de CiU: el del caso Pallerols -presunta financiación irregular de Unió Democràtica a través de los fondos de formación de parados- y el de los contratos públicos de Europraxis, empresa vinculada a Josep Pujol Ferrusola, hijo del presidente de la Generalitat.

Nicolàs tardó cuatro años en redactar el informe sobre el caso Pallerols, y la Cámara, en una decisión sin precedentes, lo devolvió a la sindicatura al considerar que no investigaba suficientemente. Nicolàs, que fue aupado por CiU a síndico mayor tras concluir su estudio, se resistió después a ampliar el informe y sólo aceptó el encargo cuatro meses después, tras ser obligado por el pleno de la sindicatura.

Los problemas con el informe de Europraxis alcanzaron niveles grotescos: el trabajo, encargado por el Parlament antes del verano, todavía no se ha iniciado porque el síndico mayor ha tardado casi dos meses en autorizar la compra de los sellos necesarios para enviar las cartas a los ayuntamientos recabando información sobre los contratos con esta empresa.

Nicolàs retiene sin enviar al Parlament más de 20 informes que la sindicatura aprobó en julio y se niega a ampliar el número de auditores, a pesar de que se lo exige el Parlament. Tradicionalmente, la sindicatura ha alegado escasez de medios para justificar el retraso en las entregas de sus trabajos.

Aunque el Parlament no puede destituir al síndico mayor, la izquierda y el PP exigieron su destitución. El PP sugirió la posibilidad de inhabilitarle. Socialistas, republicanos e Iniciativa per Catalunya Verds se mostraron dispuestos a apoyar cualquier medida que ponga fin a la "subalternidad de Nicolàs ante los intereses oscuros del Gobierno catalán", en palabras del diputado de ICV Rafael Ribó.