¿Intereses privados o servicios públicos?

El consejero de Sanidad ha anunciado recientemente la decisión de rescindir el contrato de concesión administrativa con la UTE La Ribera Salud, que debía finalizar en el 2008 con la recuperación del hospital y de la gestión de la atención especializada por la Administración. Esta decisión posiblemente signifique indemnización por ruptura del contrato y pago de deudas, además de la obligación de sacar un nuevo concurso, también bajo la formula de concesión, pero abarcando esta vez no sólo la atención especializada, como sucede desde enero de 1999, sino toda la atención sanitaria: hospital, centro de especialidades, centros de salud, consultorios, salud mental, atención socio-sanitaria etc. Esta fórmula también se aplicará en la Vega Baja.

La Administración oculta sistemáticamente información sobre gestión económica

Tras cuatro años de andadura del experimento Alzira, se constata que el modelo, a pesar de haber sido considerado exitoso por el PP, aún tiene pendiente la evaluación de las ventajas aportadas en comparación con el modelo sanitario en otras áreas, así como en términos de costes y beneficios, o calidad y cantidad de prestaciones. La Administración oculta sistemáticamente la información sobre gestión económica, memoria de actividades, balance de pagos y cobros por derivación de pacientes a hospitales de otras áreas de salud y viceversa.

A CCOO-PV le preocupa la constatación de que la asignación presupuestaria para la atención especializada del Área de Salud nº 10, en los últimos años, sea mucho mayor que la de otras áreas de salud con la misma cobertura población y con la misma cartera de prestaciones desde que se inició el experimento. Lo que se traduce en una asignación poco eficiente y de dudosa equidad de los recursos financieros. A ganancias individuales, pérdidas colectivas.

También es preocupante la derivación de pacientes desde otras áreas de salud al Hospital de la Ribera para partos con anestesia epidural, o exploraciones radiológicas desde el Hospital de Dénia, cuando en este centro el telemando de rayos estuvo un año sin reparar. Es preocupante la remisión de pacientes oncológicos de las áreas de salud 16 y 18 a la Ribera, o que en contra de lo anunciado se instauren habitaciones con camas dobles, que se cobre el aparcamiento a trabajadores y familiares de pacientes, etc, con el agravante de que esta situación no beneficia a los residentes de la Ribera y menos aún al conjunto de la ciudadanía del País Valenciano.

Desde CCOO-PV planteamos una denuncia sobre la legalidad de la concesión administrativa para la gestión de la sanidad ante el TSJ, que tras ser desestimada, se recurrió y fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo, lo cual significa que este último ha entendido que existen razones que justifican la continuidad del proceso. También en su día augurábamos que la concesión administrativa de la atención especializada no sería rentable económicamente, y menos aún si no se controlaba la puerta de acceso a la misma, es decir la atención primaria. Desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón.

Cabe preguntarse ¿por qué la Consejería de Sanidad ha decidido rescindir el contrato con la UTE La Ribera Salud antes de lo previsto?, ¿quién gana y quién pierde con esta operación financiera?, ¿quién paga los costes de rescisión del contrato?, ¿es que el modelo tal y como está no es lo suficientemente rentable para la UTE concesionaria actual?, ¿es que los concesionarios actuales quieren recuperar rápidamente los beneficios para lo cual necesitan expandirse gestionando y proveyendo todo el paquete asistencial y no han encontrado otra forma de pastelear la adjudicación directa?, ¿se quedó algún grupo empresarial privado sin su parte del negocio y ahora lo reclama? Quizá la respuesta a esta última pregunta la tengamos en la aplicación del nuevo modelo en La Vega Baja.

Dentro de las reglas del juego democrático, la Consejería de Sanidad debería responder a estas preguntas con plena transparencia. En cualquiera de los casos, lo que sí está claro es que la aplicación de estas medidas supondrá costes adicionales para el conjunto del sistema sanitario valenciano que pagaremos con nuestros impuestos. El Gobierno del PP prioriza la rentabilidad económica del sector empresarial sanitario sobre el interés general de la población, al no apostar por dar más prestaciones y de más calidad, en el sector sanitario público.

Por todo ello, CCOO del País Valencià se opone frontalmente a estas medidas y exige al Gobierno valenciano que reconsidere su planteamiento. Que rescate el Hospital de Alzira para que sea gestionado en igualdad de condiciones al resto de los hospitales valencianos y no repita este modelo ni en La Ribera, ni en ninguna otra comarca.

Teresa Conca es secretaria general de la federación de sanidad de CC OO.