El final de un desatino

En septiembre de 2001, en el transcurso del debate de política general que marca el inicio del curso político, el entonces presidente Zaplana anunciaba la privatización de la gestión de los centros de salud en la comarca de la Ribera aplicando el mismo modelo que para la Asistencia Especializada. Este anuncio no nos sorprendía. Las intenciones de la aseguradora privada que protagonizaba la gestión del Hospital de La Ribera desde 1999 -esa experiencia piloto e "innovadora", estrella del Gobierno del PP presentada a bombo y platillo como un logro y un hito históricos- eran claras desde el inicio de la experiencia. Se había empezado con la gestión privada del hospital, pero había que ir más allá.

La apuesta política más relevante de Eduardo Zaplana en la sanidad es un rotundo fracaso

El consejero delegado de Adeslas afirmaba, en unas declaraciones recogidas por el Diario Médico en mayo de 1999, que prefería prestar toda la atención sanitaria y no sólo la especializada y sostenía que la rentabilidad del proyecto dependía en buena medida de las relaciones que el Hospital de la Ribera estableciera con la atención primaria. En aquellas fechas la misma aseguradora calificaba la concesión administrativa para la gestión de la atención especializada de la comarca de la Ribera como "más que un negocio, Alzira es una oportunidad histórica", y argumentaba que "el mercado de las aseguradoras ha alcanzado su techo". Por eso había que aprovechar las vías abiertas por este modelo, que en un futuro se podría extender o a otras áreas sanitarias. La sanidad privada llevaba años demandando "oportunidades de colaboración con la pública en un marco estable", añadía. El modelo Alzira era sólo una pieza más en la flexibilización de la provisión sanitaria. Las intenciones y objetivos de la aseguradora privada no se prestaban a equívocos.

A pesar de que el PP presentó la iniciativa como una simple "innovación" de gestión, su significación era de gran calado. Se trataba de sustituir la oferta y el servicio públicos por un monopolio privado localizado, privatizando un segmento de la sanidad pública. Pero en condiciones tales que se garantizaba a toda costa la rentabilidad para la empresa. Por tanto, no se trataba de flexibilizar o introducir lógicas de mercado, sino de monopolio. Pero de monopolio privado. El riesgo evidente, reiteradamente denunciado, era que así se atentaba contra la lógica interna de la provisión de un servicio público tan vital como la atención sanitaria.

El especial trato de favor que ha recibido el Hospital de la Ribera se ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones. Por ejemplo, después de que el primer año de funcionamiento se cerrara con pérdidas económicas para la empresa, se inició una actividad desenfrenada en el hospital ofreciendo servicios a pacientes de fuera de la comarca, por los que facturaba a la Consejería de Sanidad el coste de cada atención. Ese mismo año se constataba que Sanidad desviaba, desde las comarcas de la Safor, la Costera incluso de la ciudad de Valencia, numerosos partos al Hospital de la Ribera donde se ofertaba la analgesia epidural a todas las parturientas, lo que no ocurría en los hospitales públicos de Gandia, Xàtiva o Valencia. Así, el año 2000 el Hospital de la Ribera incrementó, respecto del año anterior, el número de partos atendidos un 37%, cuando en el conjunto de hospitales públicos valencianos el incremento fue un 0,7%. Las razones de tanto desvío estaban bastante claras: si la paciente había requerido cesárea y surgían complicaciones el hospital facturaba a la consejería 2.566 euros, si se trataba de un parto simple la factura era de 1.202 euros. Al hospital le interesaba sobremanera atender pacientes de fuera de la comarca para cuadrar sus balances. Tengamos en cuenta que según convenio el hospital cobra 204 euros por persona/año por la cobertura sanitaria de la población que le ha sido asignada.

Un rasgo llamativo de la gestión del Hospital de la Ribera, especialmente a la vista del uso propagandístico que ha hecho el PP, es la opacidad de las cuentas. Sólo se conoce la cantidad aportada por la consejería a la concesionaria en 1999. Nada se sabe de las sumas correspondientes a 2000 y 2001. El documento Estado de dimensiones, instalaciones, características y volumen de la inversión total realizada no ha sido facilitado, a pesar de su solicitud por vía parlamentaria. La Sindicatura de Cuentas señalaba críticamente esta ausencia en su último inforrme. Y eso que dicho documento sería clave para evaluar el coste de la experiencia y fijar con garantía el precio del rescate en caso de extinción del contrato.

Transcurridos cuatro años desde la puesta en marcha del Hospital de la Ribera, la apuesta política más relevante de Eduardo Zaplana y el PP en el campo de la sanidad es un rotundo fracaso. La empresa reconoce pérdidas en la cuenta de resultados de 1999, 2000 y 2001 (según Cinco Días del 13 de noviembre 2002). Si se trataba de una experiencia piloto, y de hecho se ha decidido extenderla a Torrevieja, algo no está funcionando.

¿Cuál es la situación actual? Nos encontramos ante la rescisión del contrato y la convocatoria de un nuevo concurso de gestión de la atención sanitaria en la Ribera, que incorporará la primaria y que establecerá -se supone- condiciones mucho más ventajosas para la empresa. Esta modalidad de extinción del contrato obliga a la Consejería de Sanidad a rescatar el hospital y abonar a la concesionaria el importe de la inversión realizada. En el proyecto de presupuestos de Sanidad del año 2003 se destina a esta operación nada menos que 43,9 millones de euros (7.300 millones de pesetas), lo que supone un 40% del total de inversión prevista en hospitales y centros de especialidades y un 25% del total de la inversión en Sanidad.

Es decir, que a pesar de todos los esfuerzos desplegados para rentabilizar la experiencia piloto, a pesar de los tratos de favor, ha sido un fiasco. Y ahora hay que acometer una enorme inyección de capital para sanear cuentas, establecer un trato todavía más de favor y descapitalizar de paso la sanidad pública. La ampliación de los hospitales de Dénia y Elda y la construcción del centro de especialidades de Elx, lamentablemente, se han quedado en la cuneta. Bastante cara nos está saliendo esta experiencia que se intentó vender como buena, bonita y barata en la mejor línea de desparpajo zaplanesco...

Sin duda la pólvora se ha mojado. Porque, ¿qué queda de las bonitas ofertas de habitaciones individuales y tiempos de espera reducidos? Las listas de espera se acumulan y para algunas especialidades superan los seis meses (oftalmología, cardiología, traumatología). Pero las demoras prolongadas las sufren los pacientes de la comarca y no los que acuden de fuera de la Ribera, por los que se puede facturar ventajosamente. El hospital está colapsado. Los profesionales agotados por la presión a que se ven sometidos. La mayoría de habitaciones han dejado de ser de uso individual y en muchas se ha retirado la cama de acompañante definitivamente.

En reiteradas ocasiones hemos denunciado una actuación que constituye un auténtico caballo de Troya que mina y socava el sistema público de sanidad valenciano. Ahora se puede constatar el rotundo fracaso de una experiencia en la que han predominado las necesidades de una empresa concreta y no las necesidades de los ciudadanos valencianos. Lo que se decía iba a salir barato, está empezado a salir muy caro, porque asistimos a una cascada de nuevas concesiones e inyecciones de capital, y porque de los hospitales se quiere pasar a los centros de salud. Se pretende desbaratar todo un sistema. ¿En función de qué intereses? ¿Por qué tanta sumisión? Hora es ya de que el coste político recaiga en quienes irresponsablemente han atentado contra uno de los bienes más preciados de los valencianos, un sistema público que vela por su salud al margen de intereses mercantilistas

. María José Mendoza es médico y portavoz de sanidad del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas. José Mayans es médico y responsable del grupo de salud del PSPV-PSOE