Clos rechaza la privatización de la nueva línea 9 del metro

La polvareda levantada por una posible privatización de la línea 9 del metro, prevista en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos presentados por el Gobierno catalán el pasado viernes, obligó ayer a reaccionar al consejero de Política Territorial, Felip Puig. El consejero aseguró que "el interés" de la Generalitat no es privatizar esta línea y animó a Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) a que opte a asumir su gestión. El candidato a la alcaldía de Barcelona por el PP, Alberto Fernández Díaz, se apresuró a celebrar "que se abra la gestión a empresas privadas".

El artículo 78 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2003 plantea la convocatoria de un concurso para que los operadores, ya sean públicos o privados, opten a hacerse con la gestión del servicio de la futura línea 9 del metro (véase EL PAÍS del pasado 16 de noviembre).

El aliado de CiU, el PP, explicó ayer por boca de su candidato a la alcaldía de Barcelona lo que este artículo significa. "No se privatiza el servicio, que sigue siendo público, sino que se abre la gestión a empresas privadas para conseguir un mejor servicio que ojalá sea más barato para los ciudadanos", afirmó Fernández Díaz, quien se mostró abiertamente partidario de una privatización y subrayó que esta combinación ya existe actualmente en algunas líneas de autobuses.

Las palabras del dirigente popular relativizaron las paradójicas explicaciones que dio el consejero de Política Territorial durante el acto de inicio de las obras que dejarán semicubierta la Gran Via a su paso por el distrito de Sant Martí.

El "mejor" gestor

Según Puig, "el interés" de la Generalitat es que TMB se haga cargo de la nueva línea porque "es quien mejor puede gestionarla" y "no hay ningún ánimo de privatizar el metro de Barcelona", pese a que el Gobierno catalán ha abierto la vía para que la privatización se produzca.

El consejero de Política Territorial subrayó que la idea del concurso se ha llevado adelante para "cumplir los trámites preceptivos de libertad de competencia y concurrencia" y las normas de "transparencia que exige la Unión Europea".

A la normativa europea también se refirió el alcalde de Barcelona, Joan Clos, contrario "a la privatización del metro o de la línea 9, porque iría contra las directivas europeas que exigen la coordinación total de las redes de transporte urbanas".

"Errores" del pasado

Clos subrayó la importancia de integrar la gestión del transporte público en una red conjunta y evocó los "errores históricos" del pasado, cuando distintas empresas gestionaban de forma aislada cada una de las líneas de metro. "Todas quebraron y se municipalizó el sistema porque gestionado aisladamente no es rentable".

El alcalde no ocultó su sorpresa ante la disposición que contiene la ley, porque "rompe un acuerdo político" precisamente para evitar que la gestión de la nueva línea recaiga en manos privadas, un consenso que Clos reclamó que se recupere en la Ley de Transporte Público de Cataluña.

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ya se ha posicionado en contra de una posible privatización, que consideraría "una estafa" porque, en su opinión, acabarían pagándola o bien los ayuntamientos o bien los ciudadanos usuarios de la nueva línea por el encarecimiento de los billetes.