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Reportaje:AMÉRICA LATINA

Argentina, con la deuda al cuello

Buenos Aires suspende el pago de 805 millones de dólares al Banco Mundial y sólo abona los intereses

Alejandro Rebossio

Argentina tampoco ha podido mantener las cuentas al día con el Banco Mundial (BM). El pasado jueves, el mismo día en que las portadas de los periódicos nacionales publicaban la noticia de cuatro niños fallecidos por hambre, el presidente Eduardo Duhalde anunciaba que su Gobierno sólo pagaría 79,2 millones de dólares de intereses del vencimiento de 805 millones con el BM. Argentina ya había suspendido pagos con los acreedores externos privados en diciembre pasado, pero el incumplimiento con un organismo multilateral "siempre complica más", según reconoce el ministro de Economía, Roberto Lavagna.

Las reservas de divisas del Banco Central de la República Argentina se limitaban, el lunes pasado, a 9.711 millones de dólares

Durante más de un mes, los círculos políticos y económicos de Argentina discutieron si el jueves debían pagarse los 805 millones con las escasas reservas del banco central, que ascendían hasta el lunes a 9.711 millones de dólares. Hasta el miércoles, el Gobierno barajaba la posibilidad de abonar todo lo debido porque mantenía la ilusión de que estaba cerca el ansiado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para postergar los desembolsos por 18.000 millones a los organismos multilaterales de crédito hasta fines de 2003. Sin embargo, Lavagna viajó a Washington y en una reunión con la subdirectora gerente del FMI, Anne Krueger, comprendió que el desacuerdo iniciado en diciembre pasado tampoco se resolvería pronto. Una opción consistía entonces en no pagar ni un céntimo al BM, pero tal actitud hubiera significado una ruptura de las negociaciones. En definitiva, Buenos Aires prefirió pagar sólo los intereses, lo que supone que el convenio con el FMI está lejos, pero sigue siendo su objetivo.

El economista José Luis Espert considera que lo importante para Argentina es llegar a un acuerdo con el FMI y pagar sólo entonces al BM. En el Gobierno de Buenos Aires aducen que si siguen pagando a los organismos multilaterales hasta el 25 de mayo, el último día de la presidencia de Duhalde, se acabarán todas las reservas. Mientras tanto, el BM ha concedido un plazo de seis meses hasta considerar a Argentina en suspensión de pagos, pero también ha anunciado que hasta que se salden las deudas se congelarán los nuevos créditos (600 millones para subvencionar a parados, 1.500 millones para financiar a las provincias, 800 millones para créditos a exportaciones y 400 millones para educación).

Escasa voluntad del FMI

El analista Micheal Gavin, del banco UBS Warburg, opina que la reputación de Argentina ya era mala y este nuevo impago afectará poco la estabilización actual de las variables macroeconómicas. Su colega Fernando Losada, de ABN Amro, advierte de que el llamado veranito económico puede convertirse en invernal si fracasa la negociación con el FMI.

Lavagna reconoce que la cúpula del FMI evidencia poca voluntad de firmar el acuerdo, considerado necesario por el Gobierno y los empresarios para "reinsertar a Argentina en el mundo". El Fondo presentó algunas objeciones. El presidente Duhalde admite que la principal de ellas es la política. Los dirigentes del gobernante Partido Justicialista (PJ, peronista) están peleando desde hace dos meses para definir la fecha de las elecciones presidenciales. Duhalde había llamado a votar a su sucesor para el 30 de marzo y ha prometido hasta el hartazgo que dejará el poder el 25 de mayo. No obstante, el jefe de Estado pone en duda la fecha de los comicios porque aún no encuentra un candidato fuerte para enfrentar en las primarias peronistas a su enemigo, el ex presidente Carlos Menem.

Tal es la confusión que puede llegar el 25 de mayo sin que se haya celebrado la votación y la Asamblea Legislativa deba elegir otro presidente de transición. Algunos analistas consideran que el FMI se niega a pactar con un país en que los políticos no se ponen de acuerdo ni siquiera sobre el día de las elecciones. El 40% de los empresarios, según un reciente sondeo, opina que el Fondo retrasa el convenio porque pretende firmarlo con el próximo presidente.

En un intento por mostrar unidad, Duhalde convocó para mañana, lunes, a los gobernadores y líderes parlamentarios de todos los partidos para que se pronuncien a favor de un acuerdo con el FMI. Difícilmente puede comprometer a la docena de candidatos presidenciales, así como hizo Brasil para alcanzar un paquete de ayuda del Fondo en septiembre pasado. Además, las peleas políticas no se limitan a la sucesión. Un grupo de legisladores peronistas y de la oposición intentaron esta semana prorrogar la suspensión de ejecuciones hipotecarias, que rige desde principios de año, en defensa de las empresas y particulares deudores. El proyecto generó un rechazo rotundo del FMI, por lo que Lavagna se comprometió a vetar cualquier ley que dilate la resolución de los pasivos. El ministro sólo acepta un arreglo voluntario con los bancos para evitar ejecuciones hasta febrero.

El superávit fiscal primario (sin pagos de la deuda pública) también distancia a Argentina del FMI, según lamenta el titular del Palacio de Hacienda. El Gobierno se comprometió a que en 2003 los ingresos superarían los gastos en un 2,5% del PIB, por encima del 2% de este año. El 2,1% lo generaría el Estado nacional y el 0,4% restante, las 23 provincias. El organismo dirigido por Horst Köhler pide que los distritos carguen con un mayor peso del ajuste.

El programa monetario del Gobierno, que en los últimos meses logró frenar la devaluación del 72% del peso y evitó la hiperinflación vaticinada por los economistas, tampoco está asegurado.

La Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros se libraron del juicio político, no se ha pronunciado todavía sobre la legalidad del corralito (congelación) y pesificación de los depósitos en dólares. Mientras tanto, jueces de primera instancia autorizan con cuentagotas el retiro de fondos a quienes presentan amparos judiciales, lo que dificulta la recuperación de la liquidez de los bancos. El otro tema pendiente es el aumento de las tarifas de servicios públicos privatizados, que depende de las audiencias públicas que se celebrarán las próximas semanas.

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