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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El enfermo de Europa

Así como la lluvia suele disolver los maquillajes más espesos, la desaceleración de la economía está dejando en evidencia el erial de la política económica española en aspectos tan cruciales como el empleo o los precios. Si la EPA del tercer trimestre de 2002 ya evidenciaba el agotamiento del periodo alcista del ciclo con un crecimiento del paro de 271.000 personas durante el año, el acelerón de los precios en octubre muestra que la inflación es un gravísimo problema y que el Gobierno carece de una política adecuada para combatirla.

El IPC subió el mes pasado un 1%, lo que eleva la tasa anual al 4% -el doble de la previsión oficial-, y acumula ya un 3,5% en lo que va de año. El diferencial de precios con la Unión Económica y Monetaria, sobre el dato de octubre estimado por Eurostat, sube hasta 1,7 puntos, y dice casi todo acerca de las consecuencias que tendrá esta explosión de los precios para una economía que ya tiene dificultades para vender en el exterior.

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Si se quieren encontrar causas coyunturales para el desbordamiento de los precios, es fácil hacerlo: el mal comportamiento de los alimentos sin elaborar, el encarecimiento de los carburantes, los precios de las manufacturas, particularmente el vestido y calzado, el fin de las rebajas, etcétera. Al vicepresidente económico se le ha ocurrido invocar incluso el mal de las vacas locas... Pero las explicaciones pertinentes son las de fondo. El crecimiento de los precios de la alimentación no se explica sin la desidia del Gobierno a la hora de vigilar el correcto funcionamiento de los canales de comercialización y evitar estrangulamientos artificiales. Con retraso viene ahora el vicepresidente Rato a caerse de ese guindo.

Negligencias parecidas o peores cabe detectar en el sector turístico o los mercados de la energía. ¿Y qué decir de la política de permitir aumentos de las tarifas intervenidas o de las tasas de servicios públicos esenciales, como la educación, para compensar por la puerta de atrás el dinero que deja de recaudarse en el escaparate con las rebajas del IRPF? Sin los desatinos cometidos en materia de imposición indirecta y en tasas y sin la complacencia en los efectos de las liberalizaciones de cartón piedra, probablemente la inflación no sería hoy superior a la de tan sólo hace dos años, cuando la tasa de crecimiento era el doble que la de 2002.

Por mala que sea una situación siempre es susceptible de empeoramiento. La economía española puede convertirse en el enfermo de Europa (en inflación) si la incapacidad del Gobierno para aplicar políticas antiinflacionistas se traslada a los convenios y se destruye la moderación salarial, sobre la que se ha sostenido el crecimiento durante los últimos cinco años. Mal puede reclamar el Ejecutivo que el IPC no se traslade a los salarios cuando no ha puesto los medios adecuados, por incapacidad o por desidia, para frenar los precios. Y mal pueden dedicarse los ministros de Aznar a reprochar la conducta de sus colegas europeos a cuenta del equilibrio presupuestario cuando la inflación española es responsable en parte de que el BCE no se atreva a bajar los tipos de interés. A la vista de nuestros precios, Duisenberg tendrá sin duda que revisar sus optimistas estimaciones de que las tensiones inflacionistas desaparecerán a medio plazo.

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