La Iglesia marca distancias con el cura Castillejo, presidente de Cajasur

Tras 15 días de silencio, el obispo de Córdoba, Javier Martínez, se pronunció ayer sobre la polémica póliza del presidente de Cajasur, el sacerdote Miguel Castillejo, mediante un comunicado en el que marca distancias con éste y que pone de manifiesto el malestar del obispo con el mandatario de la caja cordobesa. La Junta de Andalucía considera ilegal la póliza de Castillejo, ya que entiende que es una indemnización.

La póliza de seguro de vida fue suscrita el 21 de septiembre del año 2001. La caja desembolsó una prima única de 2,9 millones de euros, lo que permitirá a Castillejo percibir una renta vitalicia cuando deje la presidencia de la caja equivalente al salario que en ese momento perciba el director general (210.000 euros en 2001) más 3.005 euros.

Una cláusula de la póliza suscrita establece que esta renta podrá ser heredada por sus cuatro hermanas, sucesivamente y de mayor a menor hasta que fallezca la última.

En las dos últimas semanas, el obispo ha permanecido en silencio, pero ayer se pronunció con un comunicado que contiene frases como: 'A la Iglesia no le son indiferentes las acciones de sus hijos. El pecado de cualquiera de ellos le duele por el daño que hace a las mismas personas que lo cometen, y a muchas otras, y porque oscurece la presencia de Cristo en el mundo'.

Austeridad en la vida

También recuerda que la Iglesia 'siempre ha exhortado a los sacerdotes a una austeridad de vida y a una sencillez que se correspondan con las exigencias sagradas de su ministerio'. El PSOE calcula que además de su retribución ordinaria (213.000 euros), Castillejo cobró en 2001 otros 200.000 en incentivos.

Fuentes próximas al obispado apuntan que Martínez ha estado informado de las decisiones más polémicas de Castillejo y que ha trasladado a la Conferencia Episcopal la conveniencia de propiciar su relevo en la presidencia de la caja, ya que algunas de sus decisiones podían salpicar a la Iglesia, pero que esta iniciativa no fructificó. Martínez, superior jerárquico de Castillejo, se decidió a hacer este comunicado, que sufrió cambios hasta el último momento, después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, dijese que es un asunto que compete 'sobre todo' al obispo de Córdoba, quien en la nota subraya que la Iglesia 'no pondrá obstáculo alguno a la clarificación de la verdad oa la justicia'. Mientras, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía corroboraron ayer la primera impresión de los inspectores autonómicos, que observaron indicios de ilegalidad en la póliza de Castillejo.

Según el gabinete jurídico, la renta vitalicia de Castillejo es una 'prestación patrimonial vedada' por la Ley andaluza de Cajas.