Arenas cree traspasable al sector privado el pacto funcionarial

El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, aprovechó ayer la firma del acuerdo con los sindicatos de la función pública para situarlo como referencia ante el sector privado. Arenas, al que acompañó el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, precisó como novedad del acuerdo, traspasable a la empresa privada, la constitución de planes de pensiones como salario diferido.

El acuerdo eleva el salario de los funcionarios para los dos próximos años por encima del IPC previsto. La masa salarial subirá el 3,3% en 2003 y el 3,2% en 2004. Una parte de esta última cantidad se destinará a planes de pensiones como salario diferido. El Gobierno destinará 129,62 millones de euros al cumplimiento del acuerdo, de los que 71,8 millones se dedicarán a la subida de pagas extraordinarias; 24,65 millones a los planes de pensiones, y otros 28,36 millones a las subidas salariales no consolidables. También se elimina la tasa de reposición de vacantes y existe el compromiso de reducción de la temporalidad.

Arenas, tras este acuerdo, reafirmó su pretensión de avanzar hacia un 'Pacto de Toledo de la Función Pública' con partidos, sindicatos, comunidades autónomas y ayuntamientos.

Las pretensiones del Gobierno se han visto empañadas por el PSOE, que rechaza el Pacto de Toledo de la Función Pública, y por siete comunidades autónomas -las seis gobernadas por los socialistas y la vasca-, cuyos representantes no acudieron el martes a la reunión convocada por la directora general de la Función Pública, Carmen Román, en las que iba a informarles del acuerdo logrado con los sindicatos. Los representantes autonómicos protestan por su 'marginación' de una negociación que afecta a sus intereses.