La operadora reclama a la Seguridad Social por el incumplimiento del concierto sanitario

Telefónica de España ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Seguridad Social por el incumplimiento del actual concierto de asistencia sanitaria firmado en 1999 como empresa colaboradora, según informaron en fuentes de la operadora.

La figura de la empresa colaboradora consiste en que presta asistencia sanitaria a sus empleados, y por ese servicio de la compañía, la Seguridad Social les compensa, mediante el abono de unas cantidades pactadas.

Según el escrito remitido por la compañía a los representantes sindicales, el conflicto se ha producido ante la negativa de varias comunidades autónomas a subrogar dicho acuerdo, tras asumir las competencias sanitarias.

En concreto, la Xunta de Galicia, la Junta de Andalucía, La Rioja, Asturias y Aragón ya han informado a Telefónica su disposición no favorable a la subrogación a al establecimientos de conciertos por parte de de ninguna de ellas.

Tras esa negativa, la dirección de la empresa se ha dirigido a la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social para que se pronuncie sobre la reclamación.

La portavoz de Telefónica de España no aclaró la cantidad reclamada; pero según El Boletín, que cita 'otras fuentes cercanas a la empresa' los impagos serían de 100 millones de euros, cifra que habría abonado la operadora tanto por la propia asistencia sanitaria como por la incapacidad laboral.

No obstante, y mientras se resuelve el conflicto, Telefónica ha asegurado que se hará cargo del coste de esas prestaciones que afectan a 70.000 personas, entre empleados y jubilados.

Los sindicatos, en la última reunión del comité intercentros celebrada la pasada semana, aprobaron una resolución, a propuesta de CC OO y UGT, en la que exigen precisamente a la compañía que mantenga las prestaciones sanitarias existentes, incluso ante una 'eventual decisión de la Administración contraria a los intereses del colectivo afectado'.

Asimismo, la resolución indica que 'es absolutamente rechazable que el Gobierno del Partido Popular culmine un proceso de transferencias en materia de salud, sin tener previstas consecuencias para las empresas colaboradoras, máxime cuanto tenía conocimiento de los problemas existentes en las CC AA, cuyas transferencias se habían realizado'. También exige a la Administración Central que se haga cargo de la deuda acumulada que tiene con Telefónica.