Rebelión de usuarios en Argentina

Las operadoras de servicios públicos, la mayoría de ellas con capital español, están respondiendo al creciente rechazo de la población con una fuerte campaña de relaciones públicas y publicidad en las que explican las bondades de las privatizaciones iniciadas en 1990, bajo la presidencia de Carlos Menem.

En esta campaña mencionan las mejoras de calidad que se han registrado en las prestaciones; recuerdan que las empresas estatales demoraban años la instalación de teléfonos, que además eran costosos, a los usuarios, o sufrían cortes frecuentes de suministros de electricidad. Se refieren también a la magnitud de las inversiones realizadas. Las empresas españolas, por ejemplo, han desembolsado 20.000 millones de dólares desde los años noventa hasta la actualidad.

Las compañías y el FMI reclaman un incremento importante de las tarifas de los servicios públicos, que están congeladas desde enero

Aguas Argentinas (participada por Aguas de Barcelona) y la distribuidora eléctrica Edesur (participada por Endesa) han recurrido, dentro de esta campaña de relaciones públicas, a insertar anuncios en medios masivos de comunicación. Las empresas de gas, entre ellas Gas Natural BAN y Metrogas (participada por Repsol YPF), han optado por publicar documentos en distintos periódicos. Telefónica, sin embargo, ha sostenido un perfil bajo en la exposición de sus bondades.

'Las empresas que hacen campaña, más que por la defensa de las privatizaciones, lo hacen para justificar ante la sociedad el incremento de precios', explica un director de la filial de una empresa española. 'El Gobierno les pide que defiendan públicamente el ajuste', añade.

La diferencia entre las empresas y el Ejecutivo radica en que aquellas pretenden alzas en sus tarifas del 20% al 30% para pagar sus deudas en dólares, contraídas para invertir en infraestructura. Los críticos de las privatizaciones añaden que estas subidas tambiés se solicitan para contribuir a pagar las mismas firmas. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, por su parte, sólo admite una subida del 10% en las tarifas porque considera que con esa suma les alcanza a las compañías para saldar sus deudas, mantener la calidad en el servicio que prestan a sus clientes y recuperar algo de la rentabilidad perdida a lo largo de este año.

El descrédito de las privatizadas varía según las encuestas. Un sondeo nacional muestra que el 45% de los argentinos pide que los servicios públicos vuelvan al Estado, frente al 30% que lo sugería durante el primer gobierno de Menem (1989-1995). No obstante, la mitad todavía se pronuncia a favor de las privatizaciones. En cambio, otra encuesta evidencia que dos de cada tres habitantes de la ciudad de Buenos Aires y sus suburbios piden la reestatización.

División de opiniones

No obstante, más de la mitad de los argentinos apoya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicaría un compromiso del Gobierno de elevar las tarifas de los servicios.

Otro dato que suma confusión sobre el pensamiento de los argentinos radica en que el 80% considera que el Estado, que se encuentra en suspensión de pagos, carece de condiciones y recursos para hacerse de nuevo cargo de las compañías de servicios, al tiempo que la misma cantidad se muestra satisfecha por la calidad de las actuales prestaciones, según números que manejan las empresas privatizadas.