El Tribunal de Cuentas constata diversas irregularidades en la gestión urbanística del Ayuntamiento de Iruña de Oca

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha apreciado diversas irregularidades de importancia en la gestión urbanística durante 1999-2001 del ayuntamiento alavés de Iruña de Oca, cuya principal localidad es Nanclares. La anomalía más destacada se refiere a una modificación de las Normas Subsidiarias que triplicó el número de viviendas previstas en una zona de Nanclares, conocida como el Sector SAU-N3, mediante un convenio firmado en marzo de 2001 con los propietarios del suelo.

La normativa permitía inicialmente un total de 40 viviendas libres. Con el convenio se permitió 75 viviendas libres y otras 48 de protección oficial (VPO), cuyo suelo se cedió gratis al Ayuntamiento. En el mismo acuerdo se establece que la construcción de las viviendas protegidas (a un precio máximo de 14 millones) la realizará el representante de los propietarios, promotor inmobiliario, que se reserva al derecho a venderlas a precio libre si el Ayuntamiento no entrega la lista de los adquirentes un mes después de la aprobación del plan parcial.

El Tribunal critica que se firmara el convenio sin haberse realizado 'los correspondientes estudios económicos ni los informes jurídicos que soporten la valoración de las cesiones del Ayuntamiento y acrediten la equivalencia en las prestaciones otorgadas por las partes'. Asimismo considera que la adjudicación por convenio de las 48 viviendas de VPO 'elude los principios de publicidad y concurrencia' y que la posibilidad, aunque sea condicionada, que se le da al promotor de venderlas libremente supone un beneficio desmesurado, habida cuenta de que el suelo lo recibe gratis.

El Ayuntamiento de Iruña, de 1.823 habitantes, está gobernado en minoría por el PNV con el apoyo de un concejal del PP y es uno de los que registran mayor actividad urbanística en Álava por su proximidad a Vitoria; sobre todo, en los pueblos de Nanclares, Víllodas y Trespuentes. Hace dos años, varios vecinos denunciaron judicialmente al alcalde, Manuel Rivas, a un edil del PP y a otro del PSE por no abstenerse en la revisión de las Normas Subsidiarias en la que se recalificaron terrenos de su propiedad o de familiares suyos.