La Junta de Andalucía apremia a Cajasur para que entregue la póliza de Castillejo

La consejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez, envió ayer una carta a Cajasur en la que apercibe a la entidad cordobesa de que debe remitir en dos días información sobre la póliza de seguro suscrita en favor de su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo. Según Álvarez, la caja no ha respondido en plazo a su primer requerimiento, por lo que apremia a la entidad a 'reconsiderar su actitud'. La Junta de Andalucía investiga la legalidad de la póliza suscrita por Cajasur, que pagó 2,9 millones de euros para garantizar a Castillejo una renta vitalicia cuando deje la caja.

La Consejería de Economía trata de dilucidar si el 'complemento de pensión' aprobado por la entidad entra en colisión con la prohibición establecida en la Ley de Cajas autonómica de pagar indemnizaciones a los presidentes ejecutivos de estas entidades en caso de cese. Ante la falta de respuesta de Cajasur, Economía dio ayer el siguiente paso en el procedimiento administrativo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, calificó ayer la póliza de seguros en favor de Castillejo como 'un abuso hacia los ahorradores, independientemente de que se trate de una cuestión legal o ilegal'. Chaves defendió que la investigación de la Junta contribuirá a 'fortalecer la confianza' de los usuarios del sistema financiero andaluz.

El dirigente socialista recalcó que, 'si lo hubiera hecho alguien no eclesiástico, la condena y el reproche hubiera sido exactamente el mismo'. Chaves mantuvo que, si los presidentes de las cajas de Jaén o Granada, ambos del PSOE, contaran con una póliza de seguros de las mismas características, 'todos los medios de comunicación de todo el ámbito ideológico estarían pidiendo sin ninguna duda su dimisión'. Y criticó a los medios afines al PP, que 'para salvar esa situación han puesto el ventilador tratando de decir que todos son iguales'.

La presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, defendió una vez más al presidente de Cajasur: 'Tiene los mismos derechos que cualquier persona' para cobrar una pensión que ha sido aprobada por el consejo de administración, extremo que los consejeros socialistas niegan, informa Fernando Pérez Monguió. Sobre el voto de pobreza de los sacerdotes, Martínez dijo a los periodistas: 'El que tenga un voto no significa que renuncie, luego podrá hacer con esos recursos lo que quiera, si lo aporta a organizaciones no gubernamentales del Tercer Mundo o a lo que sea. (...) No estoy en política para fiscalizar qué se hace con el dinero que ganan legalmente'. El secretario regional del PP, Antonio Sanz, afirmó que debe ser la Conferencia Episcopal -pro-nunciamiento que ya pidió Chaves-, la que 'evalúe o decida sobre el seguro de Castillejo, pero no la Junta'.