¿En el banquillo?

Otra vez ha llegado a los juzgados lo que era, desde hace tiempo, un secreto a voces sobre los problemas de gestión de los fondos para la formación continua. A pesar de que las informaciones aparecidas en los medios de comunicación son ambiguas y de que seguramente se trata más de irregularidades que propiamente de malversación de fondos, es evidente que algo está pasando con la gestión de la formación en España.

¿Por qué ha tenido que llegar a los juzgados algo que había sido inspeccionado y controlado por la misma Fundación Forcem, por el mismo Inem y por el mismo Tribunal de Cuentas desde su inicio? ¿Por qué los mismos agentes sociales que han gestionado directamente la Fundación Forcem hasta ahora también están implicados?

La firma del Primer Acuerdo Nacional para la Formación Continua, a finales de 1992, y la creación posterior de la Fundación Forcem, cogestionada por los agentes sociales, significó una de las experiencias más interesantes y avanzadas en la gestión de la formación en Europa. El hecho que los agentes sociales se corresponsabilizaran de la gestión de una parte de la tasa de formación, que se diseñaran planes de formación agrupados para favorecer las pequeñas y medianas empresas y la exigencia de un plan de formación para poder acceder a las subvenciones eran elementos innovadores que recogían las experiencias de otros países europeos más avanzados en esta cuestión.

Los resultados obtenidos a través de este modelo son incuestionables. Hoy ha cambiado radicalmente la cultura empresarial y de los trabajadores respecto a la formación. Las empresas innovadoras invierten más allá de las posibles subvenciones en formación y los trabajadores han perdido el miedo a reciclarse. La formación se ha extendido a toda la geografía del país, aunque con algunas desigualdades, y anualmente se forman más de un millón y medio de personas. Y todo ello en un tiempo record, no conseguido por ningún otro país europeo.

Pero al final del Primer Acuerdo, en 1996, ya aparecía claramente la necesidad de reorientar el modelo para corregir algunas tendencias que, de consolidarse, podrían hacer tambalear todo el sistema. En lugar de ello se optó por el continuismo y se firmaron los segundos acuerdos, iniciando una dinámica de controles burocráticos que, como se ha visto, no hicieron más que exacerbar la picaresca para eludirlos. Los terceros acuerdos, firmados en 2000, no introdujeron mayores cambios, salvo una mayor participación del Inem en la gestión de los fondos, en un contexto de fuertes discrepancias entre los agentes sociales, el Inem y el Gobierno que hacían temer por la viabilidad y continuidad de los mismos.

Lo que había nacido como una iniciativa ejemplar se estaba convirtiendo en unas muletas que dificultaban el crecimiento y la autonomía de todo el sistema. Las subvenciones para incentivar el desarrollo de la formación no pueden seguir jugando el mismo papel que tuvieron en su inicio, cuando había que generar un mercado y un cambio cultural, que cuando ese mercado y los nuevos comportamientos son ya una realidad.

Los temores de unos de que se quisiese destruir el sistema, los intereses de otros en controlar un elevado presupuesto y los intentos de otros de eludir responsabilidades, destruyeron el elemento clave que explicó el éxito inicial, la confianza entre los mismos agentes sociales y entre ellos y la Administración. El éxito rápido ha impedido ver el bosque y ha faltado la capacidad política para gobernar la nave.

Tres cuestiones están bloqueando la evolución del modelo:

1. La integración de las comunidades autónomas en el sistema, que, como ha reconocido el Tribunal Constitucional para el caso de Cataluña, tienen competencia en la materia.

2. El papel de los agentes sociales como promotores de actividades formativas y al mismo tiempo como cogestores del sistema.

3. La desburocratización de todo el modelo para que las subvenciones sean un aliciente y no un freno al desarrollo de la formación, especialmente para los colectivos, empresas y territorios que demuestren más dificultades para su acceso a las actividades formativas.

Sería una lástima que no se aprovechara la ocasión para una reflexión a fondo sobre el modelo actual, o que se intentara utilizarla para desvirtuar el sistema de formación continua conseguido. Será necesaria valentía política para no quedarse en unos simples remiendos y afrontar la renovación del modelo. Para ello es imprescindible un ambiente de confianza mutua, sin la cual será muy difícil un nuevo acuerdo. Los agentes sociales deben poder demostrar su capacidad de gestión y de iniciativa y la formación necesita otra imagen, pues aún falta mucho para conseguir que la actualización permanente de las capacidades profesionales de la población a lo largo de toda su vida incida directamente en el aumento del bienestar de los trabajadores y de la competitividad de las empresas.

Oriol Homs es director general de la Fundación Cirem.