Política fiscal

El sector público acapara la atención de políticos y analistas en las últimas semanas. A nivel europeo, el debate se centra en las dificultades de las grandes economías de la zona del euro para cumplir con los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Una parte de la culpa es de la débil coyuntura y otra parte de los gobernantes de esos países, que no han sabido o querido aprovechar los años de expansión para avanzar en una reducción estructural, verdadera, de los déficit públicos. A nivel nacional, el interés por las cuentas públicas deriva de que se está tramitando en las Cortes el proyecto de PGE-2003 y del hecho de que en la última semana se han publicado cifras relevantes para analizar la actuación de nuestras administraciones públicas.

La política fiscal en España sigue actuando procíclicamente, en contra de lo que marcan los manuales

Entre estas cifras se encuentran las de ejecución presupuestaria del Estado hasta septiembre. Los datos no parecen malos: el déficit en términos de caja se ha reducido un 33% respecto al mismo periodo del año anterior, y en términos de contabilidad nacional se ha registrado incluso un superávit frente al déficit de un año antes. Estos resultados no son, sin embargo, ni extrapolables a lo que resta del año, dada la fuerte estacionalidad de los ingresos y gastos públicos, ni totalmente significativos, ya que la comparación entre los dos años se ve sesgada por el traspaso de competencias a las CC AA y el cambio en el sistema de financiación de las mismas.

Más interés tiene la publicación por el Ministerio de Hacienda de las cuentas revisadas de las AA PP desde 1998 a 2001. Según ellas, el déficit de 2002 fue del 0,6% del PIB, tres décimas más que el estimado inicialmente, y el de 2001, del 0,1 %, una décima más. Esto apoya mi opinión, ya expresada anteriormente en esta columna, de que la política fiscal no ha sido en los últimos años lo suficientemente restrictiva para contrarrestar el fuerte estímulo de unas condiciones monetarias extremadamente relajadas para las necesidades de la economías española.

La calificación de la política fiscal discrecional (al margen de la actuación de los estabilizadores automáticos) como restrictiva o expansiva viene dada no por la variación del déficit público total, sino por la variación de su componente estructural excluidos los pagos por intereses, es decir, por la variación del saldo estructural primario. Cuando este saldo mejora estamos ante una política restrictiva y viceversa. En este sentido, como puede verse en el gráfico izquierdo, la política fiscal fue notablemente restrictiva en 1996 y 1997 por el imperativo de pasar el examen de Maastricht para acceder a la UEM. Pero entre 1997 y 2000 este saldo empeoró en unas tres décimas porcentuales del PIB, lo que quiere decir que en los años de mayor crecimiento de nuestra economía la política fiscal fue expansiva. A pesar de ello, el déficit total mejoró, pero debido al componente cíclico y a la caída de los tipos de interés.

En 2001, y ante la desaceleración del PIB por debajo de su tendencia de largo plazo, lo lógico hubiera sido que la política fiscal se hubiera tornado más neutral. Sin embargo, las cifras provisionales nos indican una actuación contractiva notable. Lo mismo sucedería este año 2002 si, como parece, se alcanza el déficit cero. Es decir, si no con la intensidad que en otras épocas anteriores, la política fiscal en España sigue actuando procíclicamente, en contra de lo que marcan los manuales de economía y el simple sentido común. ¿Hasta cuándo?

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación Económica y Social (FUNCAS).