Cajas y políticos

La denominada Ley Financiera, que previsiblemente será aprobada esta semana, puede formar parte de ese catálogo de normas cuyos efectos serán más adversos que la situación que tratan de mejorar. El proyecto, destinado en principio a fortalecer el funcionamiento de los mercados financieros y, en particular, su transparencia y la defensa de los consumidores, puesta en cuestión tras el escándalo de Gescartera, se vio sustancialmente alterado por la pretensión de última hora del Gobierno de introducir cambios en la regulación de las cajas de ahorro. Se trata de modificaciones inconexas, algunas de ellas convenientes, como la potenciación de las emisiones de cuotas participativas, y otras de difícil justificación, como la reducción de la edad de permanencia en los consejos de administración a los 70 años, en todas las cajas, con la excepción de las amparadas por la Iglesia católica.

Sobre la base de actuaciones tan arbitrarias y de procedimientos parlamentarios tan cuestionables, el acuerdo con el principal partido de la oposición no sólo no ha sido posible, sino que ha convertido a un sector clave del sistema financiero, las cajas de ahorro, en un foco de conflicto y potencial inestabilidad. En la pretensión del necesario fortalecimiento de los recursos propios de las cajas, a través de la actualización de la regulación sobre cuotas participativas de 1988, coincidieron originalmente PP y PSOE, pero pronto los socialistas transformaron lo que era un apoyo constructivo en una manifesta desconfianza. El hecho de que los 'cuotapartícipes' pudieran disponer de voz en las asambleas se interpretó como el principio de un proceso privatizador por nadie respaldado. Una oposición difícil de entender, no sólo porque fue el propio partido socialista quien reguló ese instrumento, sino por la debilidad argumental frente a una posibilidad más en la conveniente homologación operativa de esas, hasta ahora, eficientes entidades financieras. En el debe de los dos principales partidos hay que situar su incapacidad para convenir en un diseño final de esos instrumentos.

El otro ámbito con diferencias irreconciliables es el de las modificiaciones introducidas en los órganos rectores de las cajas: la limitación al 50% de los representantes de las administraciones públicas, la edad de jubilación de los consejeros y las excepciones concedidas a las cajas de la Iglesia católica. Si las diferencias respecto al primer punto no se presentaban como fundamentales, fueron las concernientes a los otros dos extremos las que han impedido el acuerdo. Impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional la limitación de edad introducida en la Ley de Cajas de Andalucía, el Gabinete cambia ahora su orientación y la introduce, supuestamente a instancias de CiU, con el fin de anticipar la salida del actual presidente de La Caixa. Para mayor descaro, la misma norma trata de preservar a las cajas de la Iglesia de las regulaciones de sus respectivas comunidades autónomas, atribuyéndose el Gobierno la competencia en sus aspectos estructurales. La impudorosa protección de privilegios difíciles de conciliar con el Estado de las autonomías y la supervisión eficiente del sistema financiero vuelve a ser una innecesaria fuente de conflictos.

Mal desenlace, en la medida en que las competencias atribuidas a las comunidades autónomas sobre estas entidades de crédito debía haber obligado a ambos partidos a procurar el consenso. El importante papel de las cajas en el sistema financiero y en el desarrollo económico de algunas regiones aconseja no torpedear su modernización y la mejora de su gestión. Ello debería ser absolutamente compatible con el mantenimiento de sus actuales relaciones entre propiedad y control, siempre que los responsables políticos no hicieran de ellas las plataformas en las que dramatizar sus diferencias, no siempre determinadas por el interés general.