El PSOE acusa al Gobierno de favorecer a los pueblos del PP con las políticas activas de empleo

Los municipios gobernados por el PP en Andalucía tienen muchas más posibilidades de ser agraciados con la asignación de una escuela-taller, casa de oficio o centro de formación, los programas financiados por el Gobierno central dentro de las políticas activas de empleo. Ésa es la conclusión del PSOE, tras recopilar los datos de la distribución de fondos de 2002. Los socialistas han comprobado que la desigualdad en el reparto se ha agudizado: el PP, con el 19% de los municipios andaluces, mantiene el 30% de los programas. Los socialistas, al frente del 60% de los municipios, han bajado del 44% al 40%.

'El PP está volcando el dinero de las políticas activas de empleo en sus pueblos, hay veces que no tienen gente suficiente para llenar los cursos', asevera Fernando Rodríguez Villalobos, secretario regional de desarrollo rural del PSOE, quien mantiene que el Gobierno ha intensificado el 'trato discriminatorio' con los municipios socialistas.

Rodríguez Villalobos advierte además que, según los datos recopilados a partir de información del Ministerio de Trabajo, el Congreso de los Diputados y los sindicatos, la asignación de escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo a Andalucía ha descendido de 547 programas en 2001 a 308 este año.

El dirigente socialista expone casos extremos para ejemplificar lo que considera un rasero muy distinto: 'En Cádiz, los seis municipios del PP gestionan 26 centros; en Almería, a los 57 pueblos gobernados por el PSOE sólo le han tocado cinco cursos'. Unas diferencias que persisten, algo menos acusadas, en el ámbito regional. Los populares gobiernan en 147 municipios andaluces y albergan 92 escuelas-taller, talleres de empleo o casas de oficio, mientras que a los socialistas, que controlan el gobierno local en más del triple de localidades (465), sólo les han financiado 32 más. En cambio, el trato a los gobiernos locales de otros partidos es muy similar al de los populares: el resto de formaciones, concentran el 30% de los cursos, la misma proporción que el PP, en 160 municipios, sólo 13 más que los populares.

Renta y trabajo

Las escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo son programas destinados a parados en los que se combina la formación y la práctica laboral. El Gobierno central destina a estos cursos casi la mitad del presupuesto de las políticas activas de empleo -una competencia exigida por la Junta de Andalucía desde hace más de seis años-, con un apreciable índice de éxito: según el Inem, más del 50% de los alumnos consiguen trabajo. Además, durante el tiempo que dura la formación, reciben un sueldo (como poco, el salario mínimo). Es decir, para los Ayuntamientos es uno de los más importantes instrumentos públicos de generación de renta y empleo que el Gobierno pone a su disposición.

El Inem decide a qué municipio asigna los cursos atendiendo, en teoría, al número de desempleado, al plan formativo y de prácticas que se presente y a su adaptación a la posible demanda de trabajo en la comarca. Según los cálculos socialistas, cada escuela-taller recibe una financiación media de 1,08 millones de euros, aporte que se reduce en el caso de los talleres de empleo (240.000 euros por programa) y las casas de oficio (120.000 euros). Y el reparto 'discriminatorio' que denuncia el PSOE tiene un reflejo evidente en la inversión que reciben los municipios según su color político.

Las localidades gobernadas por el PP, según estos cálculos, recibirán este año más de 43 millones de euros del Gobierno central para financiar estos centros, mientras que los municipios socialistas (el triple) sólo ingresarán 60 millones. Es decir, la dotación media para un municipio popular es de casi 300.000 euros, para uno socialista no llega a la mitad.

El dirigente socialista considera 'este agravio' como una razón más para exigir la transferencia 'inmediata' de las políticas activas de empleo, una competencia que ha sido ya traspasada a casi todas las comunidades autónomas. Tras seis años de anuncios incumplidas, el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, se comprometió este verano con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, a culminar el traspaso antes de enero de 2003. Pero las negociaciones entre las dos Administraciones, congeladas en septiembre por la celebración del congreso regional del PP, aún no han dado ningún fruto.