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Los sectores antitrasvase se proponen controlar a la Comunidad de Regantes

La Plataforma del Ebro apoya una candidatura alternativa

La amenaza de nuevos trasvases del Ebro contenida en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) no ha significado únicamente una convulsión política en las tierras del Ebro, sino también una catarsis. La movilización de la población y de los sectores económicos afectados ha llegado a instituciones claves cuyos organismos de gobierno mantenían estructuras pétreas desde el inicio de la transición.

Los antitrasvasistas pretenden hacerse ahora con el gobierno de la Comunidad de Regantes de la Izquierda del Ebro, cuyas riendas ha empuñado desde 1979 Joel Bonet, quien se someterá el próximo 31 de octubre a las elecciones más difíciles de ganar. La Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) afirma que su candidatura alternativa ya ha obtenido la mayoría absoluta de los votos de los regantes.

Bonet ha centrado desde hace años las críticas de los sectores antitrasvase de las tierras del Ebro, acrecentadas ahora por la amenaza de la aplicación del PHN y habida cuenta de que los trasvases previstos en el mismo se harían desde las concesiones establecidas para los regantes. La Plataforma en Defensa del Ebro acusa a Bonet de llevar una política de 'venta de agua', propiciada por una gestión antidemocrática y caciquil contraria a los intereses de los integrantes de la propia comunidad.

Desde hace años el presidente acumula acusaciones de uso irregular de votos de los regantes para perpetuarse en el patrimonio del agua. El portavoz de la PDE, Jordi Gilabert, explicó ayer que los mecanismos de voto usados en las asambleas de la comunidad, 'datan de 1907, en un sistema tercermundista, que no ofrece ninguna garantía'.

Los mecanismos de voto para la renovación de la junta de la comunidad son tres: directos, en la propia asamblea; delegados, mediante poder notarial; y delegados de forma directa entre regantes mediante la firma de un papel. Son estos últimos los que más críticas han generado por su facilidad de falsificación y los que más suspicacias han despertado por la negativa del secretario de la comunidad a hacerlos públicos. Estos votos únicamente son válidos para cada asamblea, pero existen sospechas de su uso reiterado y fraudulento.

Militantes de la PDE, regantes y miembros de cooperativas agrarias han formalizado una candidatura alternativa a Bonet, encabezada por el abogado Lluís Pagaroles y el empresario Josep Castells.

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La PDE asegura que, hasta ahora, los votos recogidos mediante notario y por delegación le otorga la mayoría absoluta de los 10.900 sufragios aproximados que requiere para propiciar un cambio de gobierno.

Para los antitrasvase, que convocan a la ciudadanía a reunirse de forma pacífica el día de la asamblea, el próximo viernes, llegar a conseguir el poder de la comunidad significaría poner trabas a unos trasvases que las ejecutivas de los regantes han facilitado, 'con políticas de venta de agua desde hace años y responsables de la situación en la que el Ebro se encuentra ahora'.

La crispación por la política hidráulica del PP y CiU se ha hecho evidente en las dos últimas juntas de la Comunidad de Regantes, en noviembre de 2001 y marzo de 2002, que hubo que suspenderlas por la irrupción de miembros que pretendían comprobar la validez de los votos delegados de los regantes.

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