El agujero negro

El amparo concedido por el Tribunal Constitucional al Grupo Socialista, sobre las comparecencias parlamentarias de presidentes de empresas públicas privatizadas, abre paso a la posibilidad de conocer ahora lo que entonces no se quiso aclarar: la naturaleza de la relación entre el Gobierno y los gestores de dichas empresas que llevó a algunas de ellas a convertirse en una especie de caja sin fondo para financiar iniciativas de inspiración gubernamental, en particular en el terreno de los medios de comunicación.

El PP, que arrastra desde entonces la sospecha de juego sucio, tiene ahora la oportunidad de iluminar ese agujero negro de su pasado reciente. Pero duda. No quiere rechazar de plano las comparecencias, pero se reserva el derecho de hacerlo en las comisiones parlamentarias, que tienen la última palabra. Y recuerda que la decisión de comparecer o no corresponde a las personas requeridas. Así es, pero en su día fue la mayoría del PP en la mesa del Congreso la que asumió la responsabilidad de negar de entrada la petición de la oposición, como si hablase en nombre de los presidentes de Telefónica y Endesa. El PP dice ahora que el objetivo del PSOE al solicitar la presencia de cinco ministros y siete presidentes o ex presidentes de empresas privatizadas es 'sembrar dudas de honorabilidad' sobre el proceso de privatización.

Esas dudas existen. Presidentes nombrados por el Gobierno antes de la privatización, casi todos ellos próximos al Gobierno, siguieron siéndolo después de ella, y en todos los casos merced a una estrategia común: la previa designación por ellos mismos de consejeros con el letrero de independientes, que en su momento se encargaron de confirmar la continuidad de quien les había nombrado. El resultado fue una cadena de administradores afines al Gobierno que gestionan sectores estratégicos e irrumpen en actividades distintas a las de su objeto social y en función de criterios ajenos a la rentabilidad empresarial. La cosa es especialmnente grave en los casos de empresas cuyos ingresos están condicionados por tarifas públicas.

Es cierto que la sentencia no obliga a restablecer el derecho vulnerado, pero sí establece un criterio que sería grave ignorar. Como mínimo, invita a la oposición a reiterar la petición que en su día no prosperó, y al Gobierno a no impedirla, e incluso a favorecerla, si está en su mano hacerlo. Hoy se conocen datos que se ignoraban en 1997 y que hacen más necesarias las aclaraciones. Lo que el PSOE solicita es información sobre actuaciones en las que se mezclan decisiones políticas, que corresponde explicar a los ministros, y decisiones empresariales, que deberían explicar los gestores. Algunos de ellos ya han manifestado su buena disposición a comparecer, pero incluso en esos casos el PP puede interponer el veto de su mayoría en las mesas de las comisiones. Un veto que aparecería como claramente político, pues ya no podrá alegar motivos jurídicos tras la sentencia del Constitucional.

Si no hay nada que ocultar, carece de lógica la objeción del vicepresidente Rajoy de que las comparecencias pueden dañar la evolución en Bolsa de las empresas. Lo que pasa es que, en las democracias, los problemas que se intentan resolver ocultándolos suelen reaparecer en el momento más inesperado. Y a veces en el más inoportuno para los Gobiernos.