Olivas rechaza responsabilidades políticas en el caso Mercalicante

El presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, dijo ayer que ningún político tiene responsabilidad ' en el escándalo financiero de Mercalicante, empresa participada y controlada por el Ayuntamiento alicantino (51%) y por la sociedad estatal Mercasa (48%). El máximo responsable de Mercasa, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, comparece hoy en el Senado para ofrecer su versión del escándalo.

'Hasta la fecha ninguna administración, ni ningún responsable político ni municipal tiene reponsabilidad' en el agujero económico de unos seis millones de euros detectado en la empresa mixta Mercalicante, participada en un 51% por el Ayuntamiento de Alicante, declaró ayer en Valencia el presidente de la Generalitat, José Luis Olivas. A juicio de éste, el caso Mercalicante 'es un asunto interno del que se puede estudiar el tipo de responsabilidades personales'.

El PP achaca toda la responsabilidad del escándalo financiero a José Emilio Clavero, la persona que fue seleccionada por la sociedad estatal Mercasa en 1996 para regentar Mercalicante. Clavero fue destituido de su cargo el pasado julio por acuerdo del consejo de administración de la sociedad mixta. Posteriormente, el 2 de octubre, fue detenido y puesto en libertad con los cargos de apropiación indebida y administración fraudulenta. El órgano ejecutivo de Mercalicante se ha querellado contra Clavero y el Ayuntamiento de Alicante ha pedido a la juez que instruye el caso su personación en la causa como perjudicado.

A pesar de que la querella contra Clavero la suscribe el consejo de administración de la sociedad pública, varios de sus consejeros, los designados por el PSPV y por Esquerra Unida, ni siquiera conocen la denuncia contra el ex gerente. Blas Bernal, consejo de Mercalicante y portavoz del grupo municipal socialista, aseguró ayer que el PP les niega 'toda la información de este escándalo'. Los socialistas han solicitado la constitución de una comisión de investigación en el Ayuntamiento para depurar todas las responsabilidades en el 'mayor escándalo financiero de la ciudad de Alicante'.

Comisión de investigación

Mañana jueves, un pleno municipal extraordinario solicitado por el grupo socialista debatirá la creación de una comisión de investigación sobre el escándalo. Para los ediles socialistas, esta comisión debe abordar las 'funciones, responsabilidades, directrices y todas las actuaciones y controles que se hayan realizado o se hayan omitido en relación con la dirección y la gestión administrativa y económica' de Mercalicante.

Los socialistas reclaman que la comisión se reúna 'cuantas veces estime conveniente' durante un periodo prorrogable de seis meses. El Gobierno local, con mayoría absoluta del PP, preparó ayer la estrategia que seguirá durante el pleno de mañana. El alcalde y presidente de Mercalicante, Luis Díaz Alperi, convocó a todos sus concejales para comunicarles que va a aceptar que una comisión especial investigue la gestión de Mercalicante. Pero las indagaciones serán descafeinadas y muy limitadas en el tiempo. El Gobierno local quiere cerrar el caso en 15 o 20 días.

Durante la reunión del gobierno local, que se prolongó durante dos horas, se trazaron las líneas de una enmienda a la moción del grupo socialista que, según el gabinete de Alcaldía, no se dará a conocer hasta horas antes del pleno.

Al margen del Ayuntamiento y de las responsabilidades penales que se dirimen en los juzgados, el escándalo de Mercalicante ha llegado al Congreso de los Diputados, a las Cortes Valencianas y al Senado. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, comparece hoy en la Cámara Alta a petición de los senadores socialistas para dar cuenta de las actuaciones de la sociedad estatal Mercasa (48% de Mercalicante) en el escándalo financiero.

Hasta ahora, el Gobierno ha sido reacio a dar explicaciones del supuesto quebranto económico de seis millones de euros en la empresa pública, según estima la querella contra Clavero. Los diputados nacionales del PSOE por Alicante Juana Serna y Justo González tramitaron ayer en el Congreso una solicitud para que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explique el escándalo en el Congreso.