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El Gobierno aprobará este año la concesión de nuevas ayudas a víctimas del franquismo

Bienestar Social calcula que cerca de 9.000 vascos podrían beneficiarse de las indemnizaciones

El Departamento de Asuntos Sociales pretende aprobar antes de que finalice el año un decreto que concederá nuevas ayudas a las víctimas que sufrieron la represión franquista en Euskadi. Según los cálculos que ha realizado, 9.000 vascos podrían beneficiarse de estas indemnizaciones. El decreto permitiría auxiliar a los ciudadanos que se quedaron fuera de las ayudas contempladas en la Ley de Presupuestos del Estado de 1990, donde se establecían compensaciones para las personas que habían sufrido tres o más años de prisión por su oposición al régimen franquista.

Los requisitos que se exigieron en aquel momento no permitieron acceder a las indemnizaciones a un importante número de ciudadanos, al no poder acreditar documentalmente el tiempo que estuvieron encarcelados. El director de Bienestar Social, Ángel Bao, confirmó a este periódico la intención del Gobierno de que el decreto entre en vigor este mismo año y aseguró que su propósito no sólo es económico, sino que también incluye un reconocimiento moral.

Bao cree que el proceso para que las personas vayan acogiéndose a las ayudas será lento, al tratarse de gente mayor. Por eso, el decreto no impondrá un determinado plazo de tiempo para que se soliciten las compensaciones. 'No habrá limitación de tiempo; es decir, las ayudas estarán disponibles mientras haya personas que puedan acreditar las condiciones que se exigen para pedirlas', señala, al tiempo que recalca que la consejería que dirige Javier Madrazo está poniendo mucho empeño porque se trata de 'un tema fundamental'. 'La gente', añade, 'se puede morir y sería imperdonable no abordar esta cuestión cuanto antes'.

En cuanto a los requisitos necesarios para optar a las ayudas, Bao asegura que el Departamento de Asuntos Sociales mantendrá una actitud 'abierta y nada exigente' porque se trata de 'situaciones que son difíciles de acreditar'.

Diferentes iniciativas

El decreto supondrá la culminación de las diferentes iniciativas que se han tratado en el Parlamento en los últimos años sobre esta cuestión. El 29 de mayo de 1998, el conjunto de la Cámara aprobó a instancias de IU pedir al Gobierno que realizara un estudio sobre el colectivo de presos excluidos de la percepción de las indemnizaciones de la Ley de Presupuestos de 1990. Posteriormente, el 12 de febrero de 1999, el Parlamento volvió a instar a que en el plazo de dos meses se culminara el estudio. Durante ese debate, los socialistas consideraron que debería ser el Gobierno central el encargado de ampliar el colectivo de beneficiarios. Y en noviembre del año pasado, la Cámara respaldó, con el apoyo de todos los grupos, una proposición no de ley presentada por el PSE reclamando al Gobierno vasco la concesión de las ayudas.

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Otras comunidades autónomas ya disponen de una regulación complementaria a la de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990, donde reconocen las ayudas a las personas represaliadas por el régimen franquista. Bao reconoce que en el caso de Euskadi 'no hemos sido los más despiertos' a la hora de poner en marcha la concesión de las indemnizaciones.

En relación con la época franquista, el Parlamento sí aprobó este mismo año una proposición de ley presentada por los grupos nacionalistas pidiendo compensaciones económicas para los profesores que impartieron enseñanza en las ikastolas hasta el curso 1967-68. Este colectivo cobraba sueldos muy bajos y no cotizaba a la Seguridad Social por trabajar en condiciones de clandestinidad hasta que se reguló la enseñanza en la lengua vasca, algo que ocurrió a finales de la década de los años sesenta.

La proposición, que ya se ha convertido en ley, fue aprobada con los votos del Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, Batasuna, Izquierda Unida y Partido Socialista. El Partido Popular, por su parte, fue el único que se opuso y lo hizo, básicamente, por dos razones. Por un lado, porque, en su opinión, no se ha producido en el periodo al que se circunscribe la iniciativa ningún tipo de imposibilidad legal para que los profesores de ikastolas cotizaran en su momento al régimen de la Seguridad Social. Por otra parte, los populares achacan que la norma aprobada se mueve en la 'inconcreción', por lo que 'cabe todo'.

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