El enconado debate de la lengua

La pregunta es: ¿están los navarros castellanoparlantes discriminados respecto a quienes saben euskera? Una respuesta afirmativa generó en 2000 una contrarreforma legislativa auspiciada por el Gobierno de Navarra que ha sido anulada por los tribunales por defectos de forma y ha reavivado una auténtica guerra lingüística sin parangón en los últimos 15 años en la comunidad foral.

El euskera es una lengua propia de Navarra, minoritaria, que necesita de especial cuidado y fomento por las instituciones. Éste era el axioma dominante en la comunidad desde la aprobación, en 1986, de la ley foral del Vascuence. Para su desarrollo, Navarra fue zonificada: el euskera sería cooficial junto al castellano donde la mayoría de la población lo hablaba (el norte), en la zona mixta (Pamplona y su comarca), los vascoparlantes tendrían ciertos derechos ante la Administración. En el sur, castellanoparlante, los euskaldunes no tendrían ningún derecho. Los extremos políticos, UPN y Herri Batasuna, nunca aceptaron esta ley de consenso pero la ley del Vascuence trajo una moderada normalización lingüística.

Las entidades sociales creen que el reformado Consejo Asesor carece de toda legitimidad

Sin embargo, a finales de los noventa, se propagó otra tesis, respaldada por el Gobierno de UPN y la oposición socialista: la población euskaldún tenía privilegios en el acceso a un puesto de trabajo en la función pública y forzaba un bilingüismo desproporcionado con relación al número de vascoparlantes.

El sindicato UGT y el PSN-PSOE fueron los primeros en denunciar los supuestos 'abusos' que algunas entidades locales cometían, valorando mucho más el saber euskera que la capacitación profesional exigible en el empleo. Los recursos ante los tribunales antecedieron a una exigencia parlamentaria, que UPN aprovechó para construir una gran contrarreforma lingüística: modificaría por decreto el texto de la ley foral del Vascuence, que nunca aceptó.

Nació así el decreto foral 372/2000, en virtud del cual el euskera desaparecía o quedaba drásticamente reducido en la papelería interna de la Administración foral, la rotulación de edificios y calles o las comunicaciones entre instituciones.

Conocer el euskera dejó de ser un 'requisito', se conviertió en un 'mérito', equivalente en la práctica a dominar el inglés, francés o alemán. El Gobierno suspendió acuerdos con instituciones como Eusko Ikaskuntza, Euskaltzaindia o la Universidad Vasca de Verano, denegó subvenciones, retiró rótulos bilingües, impulsó la autorización previa para los libros de texto del modelo D (íntegramente en euskera) y promovió un proyecto de ley que erradicaba el euskera de la enseñanza universitaria pública.

Visto de otra forma, UPN aprovechó algunos abusos de corporaciones vinculadas a Batasuna para imponer una reforma global que provocó la dimisión de su propia Dirección General de Política Lingüística y la dimisión en bloque de la mayoría de los miembros del Consejo Navarro del Euskera, un órgano consultivo creado por la ley del Vascuence, que quedó inoperante por la falta de quórum.

La virulenta reacción de UPN causó sorpresa en el PSN, generó una situación de profunda desconfianza hacia el Ejecutivo foral, al considerar que UPN 'instrumentaliza' el debate sobre el euskera buscando un beneficio electoral.

En 2002, el Tribunal Superior de Justicia navarro anuló la columna vertebral de la contrarreforma de UPN basándose en defectos de forma. El Ejecutivo de Miguel Sanz había desplegado sus planes de castellanización sin disponer de los preceptivos informes del Consejo del Euskera ni de su propia Dirección General de Función Pública. Si obtener el segundo era fácil, lograr el primero se antojaba difícil, puesto que el Consejo estaba inactivo desde hacía tres años.

UPN pisó el acelerador y las instituciones vinculadas al fomento y difusión de la lengua vasca nombraron a sus nuevos representantes. Hace escasos días, cuando conocieron el reglamento del nuevo Consejo, decidieron abandonar la sesión constitutiva recién iniciada. Para evitar nuevos bloqueos, UPN ha reducido a tres miembros (sobre 20) el quórum para aprobar sus informes, que no son vinculantes.

Sanz, como presidente, ha designado directamente a 11 de sus 20 miembros, y se reserva, además, la potestad de tramitar cualquier iniciativa de debate. El Gobierno garantiza así el apoyo del consejo a sus controvertidas pretensiones.

Los representantes de la Federación de Ikastolas, la de Municipios, la Asociación de la Prensa y el colectivo Oinarriak denunciaron el 'escaso talante democrático' de un reglamento creado para que este organismo refrende una nueva contrarreforma que será calcada de la anterior. 'El Consejo es un instrumento de consulta social. Con la opinión de tres miembros, nombrados por el gobierno, la Administración se consulta a sí misma y el organismo pierde toda legitimidad', subrayaron.