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La esperanza de las células madre

La Constitución española proclama en su artículo 1 la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (artículo 14). Pues bien, la desigualdad de situación en que se encuentran las personas minusválidas o enfermas motiva, en coherencia con lo anterior, que nuestra Constitución ordene a los poderes públicos (artículo 49) que realicen una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de este colectivo de ciudadanos, amparándoles para el disfrute de tal derecho. Y sin lugar a dudas, la principal manifestación del derecho a la igualdad de las personas minusválidas y/o enfermas es la protección de su derecho a la salud, que reconoce el artículo 43. Si el origen de la desigualdad de las personas discapacitadas, arranca de la pérdida de la salud o de una salud nunca adquirida, el compromiso de los poderes públicos en la protección, tratamiento y recuperación de la salud de las personas minusválidas se convierte en un objetivo fundamental, obligándoles a arbitrar los recursos que permitan el mejor desarrollo posible en la investigación biomédica, dirigida a la superación de enfermedades hoy irreversibles.

'Rebelarse científicamente contra la enfermedad es adoptar una posición humana, sana y positiva'

Precisamente hoy, cuando la ciencia médica alumbra perspectivas trascendentales para la posible superación de enfermedades irreversibles, a través de técnicas como la selección de embriones y la clonación de embriones humanos con fines terapéuticos o mejor llamada, técnica de trasplante nuclear, con la que se pretende la obtención de células madre capaces de producir tejidos humanos para su implante en el paciente enfermo; y cuando, al mismo tiempo, se cuestionan y se combaten estos posibles progresos científicos, muchas veces desde posiciones difícilmente explicables, incluso éticamente; es necesario exigir a nuestros gobernantes una actitud solidaria, decidida y avanzada en el desarrollo de estas técnicas de investigación con fines terapéuticos, en el contexto de un nuevo marco jurídico adecuado a esta nueva realidad científica.

Rebelarse científica y socialmente contra la enfermedad es adoptar una posición humana, sana y positiva, en la consideración de cualquier patología hoy incurable y sus consecuencias sociales. Y es así, porque significa pasar de una concepción fatalista de la enfermedad como fenómeno instaurado socialmente, a una actitud de lucha y combate contra ésta, potenciando los avances en la investigación y el tratamiento asistencial, en orden a eliminar sus secuelas. Por ello, debemos afrontar desde la solidaridad y la racionalidad un debate social positivo y exento de manipulaciones interesadas, que posibilite la promulgación de leyes avanzadas que permitan el acceso a vías de investigación biomédica hoy confirmadas científicamente, para la superación de enfermedades irreversibles, y en el contexto del respeto a la dignidad de la persona humana.

Los recientes descubrimientos han desatado una interesada carrera entre las empresas del sector por desarrollar tratamientos celulares; y sin duda, la brecha tecnológica entre los países ricos y pobres se agudizará de forma irreversible si la comunidad política internacional no afronta este reto con rigor y valentía. La decisión de los gobiernos británico y sueco de autorizar la clonación de embriones humanos con fines médicos y el desarrollo avanzado ya de esta línea de investigación por el sector privado en Estados Unidos, suponen un envite a toda la humanidad que exige una respuesta unitaria. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea aborda tímidamente y sin fuerza jurídica alguna esta cuestión, prohibiendo la clonación reproductora de seres humanos; pero deja sin respuesta enormes campos que abre la investigación sobre embriones humanos con fines terapéuticos. La comunidad científica exige leyes claras y avanzadas que fijen límites racionales y éticos, pero que no impidan recorrer los caminos que la propia dignidad humana exige. La sociedad exige también información rigurosa para poder opinar y decidir.

Sin embargo, los nuevos cruzados nos amenazan de nuevo con su intransigencia, ignorando las demandas de afectados y científicos. Como señala Jesús Mosterin, 'son los mismos que condenaron a Copérnico, quemaron a Bruno, encarcelaron a Galileo y trataron de desterrar la teoría de Darwin de las escuelas. No hay que hacerles más caso que a los que despotricaron contra el número 13. Lo que necesitamos no son anatemas ni supersticiones, sino una mirada clara y sin prejuicios, una ética basada en la racionalidad y una mejor información científica'.

¿Lograrán una vez más imponernos sus personales creencias? La respuesta la tenemos todos los ciudadanos, en especial quienes sufrimos la desigualdad. Debemos alzar nuestra voz y salir de la oscuridad. El respeto a nuestra dignidad como seres humanos así lo exige.

José Ramón Juániz preside Abogados del Mundo en la Comunidad Valenciana y Vicente Valero es presidente de la Coordinadora de Disminuidos Físicos de la Comunidad Valenciana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0019, 19 de octubre de 2002.